Honorable Congreso de la República de Honduras
Presidente de la República de Honduras
Ministro de Salud de la República de Honduras Tegucigalpa
Cordial Saludo,
Como es de público conocimiento , el 1 de febrero de 2012, la Corte Suprema de Justicia de Honduras declaró la exequibilidad constitucional del Decreto 54 de 2009, mediante el cual se estableció una penalización de la compra, venta y distribución de la píldora de anticoncepción de emergencia de levonogestrel (en adelante “PAE”), por considerar que ésta funciona como un método abortivo, y que por tanto posibilita la violación del artículo 126 del Código Penal de Honduras, que penaliza el aborto sin excepción alguna. Dicha decisión no solamente distorsiona la posición científica de las principales organizaciones mundiales de la salud, sino que viola crasamente los derechos humanos de las mujeres hondureñas, derechos protegidos en la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos de los que Honduras es parte.
Las organizaciones y personas que suscribimos esta carta, rechazamos la decisión de la Corte Suprema de Justicia, y solicitamos al Congreso de la República, el Presidente, y el Ministro de Salud, que tomen medidas para que el Decreto 54 de 2009 no entre en efecto, evitando vulnerar los derechos humanos de las mujeres hondureñas. De no hacerlo Honduras se constituiría en el único país del mundo que penaliza el uso de un método anticonceptivo, así como la diseminación de información sobre el mismo.
El dictamen de la Corte Suprema de Justicia de Honduras incurre en dos falacias para validar la constitucionalidad de la penalización de la PAE. La primera de ellas es que afirma que éste medicamento tiene el principal efecto de impedir que un óvulo ya fertilizado se implante en el útero1, y la segunda es la de asumir que al prevenir que un óvulo fertilizado se implante en el útero, la PAE es abortiva2. La utilización de estas dos falacias es de suma gravedad, pues si bien los y las jueces pueden tener distintas interpretaciones sobre un problema jurídico, no pueden desviar sus decisiones de la objetividad de los hechos que se presentan frente a ellos y ellas.
Respecto a la primera falacia, basta con mirar la posición de la Organización Mundial de la Salud (OMS)3, la Organización Panamericana de la Salud (OPS)4, el Consorcio Internacional sobre Anticoncepción de Emergencia (ICEC)5 y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO)6, para tener claridad en que la anticoncepción de emergencia tiene sólo dos mecanismos de acción para evitar embarazos: 1. Dificultar que los espermatozoides lleguen hasta las trompas de Falopio y así no puedan fertilizar un óvulo; y 2. Alterar la ovulación de forma que no haya un óvulo disponible para la fertilización, siendo éste su efecto principal7. Si bien es cierto que tiempo atrás se especulaba que la PAE podía tener también un efecto anti-implantatorio, lo cierto es que tales afirmaciones nunca fueron probadas en ningún estudio8, y por el contrario, los estudios científicos han venido reiterando que la droga no tiene el poder de impedir que un óvulo ya fertilizado se implante en la cavidad uterina. En suma, la PAE impide la fertilización del óvulo, de la misma forma que lo hacen otros métodos anticonceptivos, y como ya se dijo, la OMS ha establecido claramente que la AOE no tiene la capacidad de impedir que un óvulo fecundado se implante en el endometrio, por lo que no hay lugar a afirmar que la PAE tiene un efecto anti-implantatorio.
La segunda falacia radica en afirmar que al supuestamente impedir la implantación de un óvulo ya fertilizado, la PAE se constituye en un método abortivo. La PAE nunca ha sido considerada como un método abortivo por ninguna organización científica, pues la misma no tiene el efecto de interrumpir el embarazo9. El embarazo sólo comienza en el momento en que el óvulo fertilizado se instala en el útero, pues es sólo en este momento cuando el cuerpo desata los procesos biológicos necesarios para que el cigoto se transforme en un embrión y posteriormente en un feto10. El mismo Código Penal de Honduras reconoce que no puede haber aborto sin embarazo, al describir el aborto como “la muerte de un ser humano en cualquier momento del embarazo o durante el parto”. Por lo anterior, al equiparar el supuesto efecto anti-implantatorio de la PAE con un aborto, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de hecho altera la definición del embarazo y el aborto, en su afán de criminalizar a las mujeres
Infortunadamente, pese a tener información científica actualizada de la OPS y la OMS sobre el mecanismo de acción comprobado de la PAE, e incluso pese a que el propio Ministerio de Salud, con la asesoría de la OPS, había validado el uso de la PAE en su manual sobre “Normas y Procedimientos de Atención Para: Planificación Familiar, Climaterio/Menopausia, Infertilidad”11 la Corte decidió ignorar los hechos y enredar un tema que hoy en día está esclarecido, tal como lo es si la PAE tiene el efecto de impedir que un óvulo ya fertilizado se implante en el útero.
La PAE es un método anticonceptivo hormonal que previene un embarazo después de una relación sexual desprotegida, por lo que resulta indispensable como parte de la atención de salud profiláctica que deben recibir las víctimas de violencia sexual, ya que puede evitar un embarazo fruto de una violación, y por tanto también las consecuencias de un embarazo no deseado. En consecuencia, la OMS estableció en su guía sobre el manejo médico-legal para víctimas de violencia sexual, que la PAE debe ser proporcionada a toda mujer que ha padecido esta forma de violencia y está en riesgo de quedar embarazada12. De hecho, teniendo en cuenta su efectividad anticonceptiva, así como su necesidad esencial para el tratamiento de salud de las víctimas de violencia sexual, la PAE de levonogestrel se encuentra en la guía Criterios Médicos de Elegibilidad para el Uso de Anticonceptivos de la OMS13, así como en la lista de medicamentos esenciales para la humanidad, hecho por ésta misma organización14.
Pese a que la PAE funciona como cualquier otro método de anticoncepción hormonal, y pese a su obvia importancia médica como medicamento esencial y como herramienta de rehabilitación de las víctimas de violencia sexual15, según la Corte Suprema de Justicia de Honduras, criminalizar su uso no constituye una violación de los derechos humanos de la mujer, pues “[E]s evidente que el resultado de una relación sexual sin protección puede ser el embarazo y que cae sobre las mujeres el peso de cargar con el mismo”. Dicha afirmación revela un desprecio total por la dignidad de la mujer, así como un estereotipo discriminatorio sobre cómo es la mujer quien debe asumir cualquier consecuencia derivada de un acto sexual, por lo que incluso teniendo un mecanismo a su disposición para prevenir un embarazo que puede ser producto de violencia sexual o de una falla en el uso de otros anticonceptivos, debe, según el alto tribunal, cargar con el peso de tal desventura. Además del desprecio que contiene esta afirmación, así como el entendimiento general de la Corte Suprema de que los derechos reproductivos no existen16, el dictamen de la Corte Suprema resulta en una violación de los derechos fundamentales de la mujer.
La PAE, al ser un método anticonceptivo, es un componente fundamental en el pleno ejercicio de los derechos reproductivos17, derechos que están arraigados en los derechos fundamentales que
Honduras está obligado a respetar, proteger y garantizar a partir de todos los compromisos de derecho internacional que adquirió como Parte de los principales tratados de derechos humanos. La penalización del acceso a la PAE vulnera los derechos humanos a la salud, a la no discriminación, a determinar libre y responsablemente el número de hijos que se quieren tener, a gozar de los beneficios del progreso científico, a la privacidad y la autonomía, y el derecho a la vida.
La salud reproductiva18 es un aspecto fundamental del bienestar de las mujeres, que incluye el acceder a los métodos que previenen un embarazo no deseado. El derecho a la atención de salud reproductiva da origen a la obligación del Estado de garantizar el acceso a los servicios de salud reproductiva y eliminar las barreras legales existentes a los mismos.
En agosto de 2011, el Relator Especial Sobre el Derecho de toda Persona al Disfrute del Más Alto Nivel Posible de Salud Física y Mental, publicó un informe sobre la criminalización de la salud sexual y reproductiva21, en el que expresó su preocupación sobre cómo algunos Estados han expedido normas que restringen o criminalizan el uso de la anticoncepción de emergencia, bajo la excusa de que la misma es un método abortivo, contrariando los hallazgos de la OMS, y violando con ello el derecho a la salud de las mujeres que requieren de la misma22.
Adicionalmente, de acuerdo al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, “la obligación de respetar los derechos exige que los Estados Partes se abstengan de poner trabas a las medidas adoptadas por la mujer para conseguir sus objetivos en materia de salud”23. Una de las obligaciones expresas que Honduras adquirió como Estado Parte de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (en adelante “CEDAW”), fue justamente la de adoptar “todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia”24. Dado que la PAE es un método anticonceptivo que sólo las mujeres necesitan, su penalización coarta en ellas la última posibilidad de prevenir un embarazo no deseado cuando ha fallado otro mecanismo, o cuando la mujer ha sido víctima de una violación sexual. Dada esta afectación en las mujeres respecto del cuidado y control de su propio cuerpo, la penalización de la PAE es discriminatoria y por tanto viola el derecho de igualdad.
Naturalmente esta discriminación encuentra su vinculación en la decisión de la Corte Suprema, con el estereotipo de género de que las mujeres son quienes deben asumir las consecuencias de un acto sexual. Esta conexión entre penalización de un servicio de salud reproductivo y un estereotipo sobre la sexualidad de las mujeres responde precisamente a lo expresado por el Relator Especial Sobre el Derecho de toda Persona al Disfrute del Más Alto Nivel Posible de Salud Física y Mental en el informe ya citado, cuando explica cómo muchas de las normas que criminalizan servicios de salud reproductiva, están basadas en la creencia de que la libertad de una mujer, especialmente en cuanto tiene que ver con su identidad sexual, debe ser restringida y regulada, por lo que cuando las mujeres transgreden éstas normas -basadas en estereotipos- en la búsqueda de libertad sexual y reproductiva, son castigadas con resultados adversos en su salud.
El derecho a planificar la propia familia está definido en la CEDAW como el derecho de las mujeres “...a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos”25. En éste aspecto, la decisión de impedir la venta de PAE violaría los derechos de las mujeres hondureñas a tomar decisiones libre y responsablemente con relación al número e intervalo entre sus hijos. De otro lado, el derecho a determinar el número y espaciamiento entre los hijos, es un derecho humano que tiene sus raíces en derechos civiles tan arraigados como lo son la autonomía o libertad personal26 y la intimidad27. En efecto, se desprende de la soberanía que todo ser humano tiene sobre su propio cuerpo y la libertad que le cobija en determinar asuntos que hacen parte de su esfera íntima como tener hijos, un derecho a que cada quien determine si quiere ejercer o no su capacidad reproductiva. Por tanto, el derecho a la libertad personal y la privacidad también se ve vulnerado en el momento en que el Estado impide a las mujeres acceder a un método de control de la fertilidad. Además, el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce también “el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones”. A este respecto, Honduras debe garantizar que las mujeres tengan conocimiento de los progresos tecnológicos y científicos en materia de anticoncepción para que puedan tomar decisiones informadas respecto del control de sus propios cuerpos.
La penalización de la PAE también vulnera el derecho a la vida, protegido en la mayoría de los principales instrumentos de derechos humanos, incluidos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos28. La penalización de la PAE repercute en éste derecho debido a que la falta de acceso a esta forma de anticoncepción contribuye a un incremento de las tasas de aborto inseguro y a altos índices de mortalidad materna29, especialmente entre las niñas30. Las mujeres hondureñas son particularmente vulnerables a exponerse a abortos inseguros dada la prohibición absoluta del aborto en el Código Penal31.
Finalmente, la penalización de la PAE vulnera las disposiciones de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes32, particularmente la contenida en el artículo 11, que comprende el derecho a la protección contra los abusos sexuales, mediante la cual este Estado se comprometió a tomar todas las medidas necesarias para promover “la recuperación física, psicológica, social y económica de las víctimas”33. Al no permitir que las jóvenes víctimas de abusos sexuales puedan prevenir un embarazo, se les está impidiendo evitar una situación que agravará las secuelas físicas, psicológicas, sociales y económicas de tal abuso.
Distintos Comités de Naciones Unidas encargados de supervisar el cumplimiento que Honduras ha dado a sus compromisos internacionales de derechos humanos, le han exhortado a que mejore el acceso a la planificación familiar y por tanto a métodos anticonceptivos, de forma que las mujeres puedan evitar embarazos no deseados34. Por ejemplo, en el año 2007 el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas solicitó al Estado “modificar su legislación de forma que se ayude a las mujeres a evitar embarazos no deseados y que éstas no tengan que recurrir a abortos clandestinos que podrían poner en peligro sus vidas”35. Por tanto, el Estado de Honduras ha sido puesto en alerta de las violaciones a tratados que le son vinculantes, producto de no responder cabalmente a sus obligaciones de asegurar que la población tenga acceso a métodos de control de la fertilidad. La penalización absoluta para que las mujeres de dicho Estado accedan a la PAE, sólo exacerba dicha situación de incumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos, y expone a miles de mujeres a verse encarceladas por tomar la decisión de prevenir un embarazo no deseado.
Las organizaciones e individuos firmantes consideramos necesario que el Estado hondureño asuma su responsabilidad en el acceso a información, servicios y empoderamiento para la toma de decisiones sexuales y reproductivas de las mujeres, con la derogación y desaprobación de decretos y
acuerdos de ley que contraríen los compromisos internacionales asumidos por el Estado hondureño en materia de salud de las mujeres, particularmente el Decreto 54 de 2009.
Cordialmente,
Centro de Derechos Reproductivos
Notas al pie:
1. Basándose en unos estudios no identificados de 1985 y 1995, concluye el dictamen de la Corte Suprema que: “el principal mecanismo de acción del levonogestrel es anti-implantatorio y por tanto abortivo”. Dictamen de la CSJ, p. 7, 1 de febrero de 2012 [en adelante Dictamen de la CSJ].
2. Dice el dictamen de la Corte: “parece que el efecto anti-implantatorio con independencia del momento en que se tome el fármaco respecto de la ovulación. Resulta claro que la píldora si tiene efectos abortivos, tal como lo expresa el dictamen del Colegio Médico de Honduras”. Ibid.
3. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), HOJA INFORMATIVA SOBRE LA SEGURIDAD DE LAS PÍLDORAS ANTICONCEPTIVAS DE EMERGENCIA DE LEVONORGESTREL SOLO (PAE-LNG), 2010, disponible en http://whqlibdoc.who.int/hq/2010/WHO_RHR_HRP_10.06_spa.pdf [en adelante OMS, HOJA INFORMATIVA SOBRE LA SEGURIDAD DE PAE-LNG].
4. PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION (PAHO), FACT SHEET, EMERGENCY CONTRACEPTION IN THE AMERICAS, disponible en http://www.paho.org/english/ad/ge/emergencycontraception.PDF [en adelante PAHO, EMERGENCY CONTRACEPTION IN THE AMERICAS].
5. CONSORCIO INTERNACIONAL SOBRE ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA (ICEC) Y FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA (FIGO), DECLARACIÓN SOBRE EL MECANISMO DE ACCIÓN DE LA PÍLDORA ANTICONCEPTIVA DE EMERGENCIA, 2008.
6. Ibid.
7. OMS, HOJA INFORMATIVA SOBRE LA SEGURIDAD DE PAE-LNG, supra nota 3.
8. ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS) Y UNITED NATIONS POPULATION FUND (UNFPA), INFORME DE AMICUS CURIAE DE OPS Y UNPFA AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ, 2006, disponible en http://www.clae.info/downloads/sentencias/Peru/demandatc/AmicusOPSTribunalConstitucionalPeru.pdf.
9. OMS, HOJA INFORMATIVA SOBRE LA SEGURIDAD DE PAE-LNG, supra nota 3; PAHO, EMERGENCY CONTRACEPTION IN THE AMERICAS, supra nota 4.
10. Dice el dictamen de la Corte Suprema de Justicia de Honduras: “[E]l método de la píldora del día después no es eficaz cuando el proceso de implantación ya se ha iniciado y no es abortivo en el caso de evitar la ovulación o fertilización. Es polémico si se trata de un método abortivo en el caso de evitar la implantación, puesto que la concepción en ese momento ya se habría producido”. Dictamen de la CSJ, supra nota 1, p. 4.
11 Secretaria de Estado en el Despecho de Salud, Acuerdo 2472, 25 de agosto de 2010.
12 OMS, GUIDELINES FOR MEDICO-LEGAL CARE FOR SEXUAL VIOLENCE, 2003, pp. 64-65 [en adelante OMS, MEDICO-LEGAL CARE FOR SEXUAL VIOLENCE].
13 OMS, MEDICAL ELIGIBILITY CRITERIA FOR CONTRACEPTIVE USE, 4ta ed., 2009, p. 61.
14 OMS, MODEL LIST OF ESSENTIAL MEDICINES, 2011, p. 26, disponible en http://whqlibdoc.who.int/hq/2011/a95053_eng.pdf.
15 OMS, MEDICO-LEGAL CARE FOR SEXUAL VIOLENCE, supra nota 12, pp. 64-65.
16 Dice el dictamen: “esta Corte no ha podido encontrar una sola mención en los tratados a que se hace referencia a la existencia de los llamados ‘derechos reproductivos’”. Dictamen de la CSJ, supra nota 1, p. 12.
17 Desde 1994, la comunidad internacional ha extendido su afirmación explícita de los derechos reproductivos como derechos humanos reafirmando su compromiso a través de distintas declaraciones de conferencias
internacionales. Ejemplo de ello es el Programa de Acción impulsado por la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (Programa de Acción de la CIPD), que tenía como objetivo realizar la capacidad de tomar decisiones de las mujeres en todos los niveles y en todas las esferas de la vida, especialmente en el campo de la sexualidad y la reproducción. Específicamente, en su párrafo 7.16 el Programa de Acción de la CIPD establece: “...Todos los países deberían adoptar medidas para satisfacer las necesidades de planificación de la familia
de su población lo antes posible... y deberían tratar de proporcionar acceso universal a una gama completa de métodos seguros y fiables de planificación de la familia y a servicios conexos de salud reproductiva...El objetivo sería ayudar a las parejas y a los individuos a alcanzar sus objetivos de procreación y brindarles todas las oportunidades de ejercer su derecho a tener hijos por elección”.
Ver Programa de Acción, Conferencia Mundial sobre Población y el Desarrollo, El Cairo, Egipto, 5-13 de septiembre de 1994, párr. 7.16, Doc. de la ONU A/CONF.171/13/Rev.1 (1995). Los derechos reproductivos como derechos fundamentales de los seres humanos también fueron consagrados en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que establece en su párr. 95, inter alia:
“los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos internacionales sobre derechos humanos y en otros documentos pertinentes de las Naciones Unidas aprobados por consenso. Esos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre éstos y a disponer de la información y de los medios para ello y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva”.
Ver también Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Naciones Unidas, Beijing, China, 4-5 de septiembre de 1995, párr. 95, Doc. de la ONU A/CONF.177/20/Rev.1 (1996) [en adelante Declaración y Plataforma de Acción de Beijing].
18 El derecho a la salud reproductiva como un derecho humano se encuentra respaldado, inter alia, en: la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, supra nota 17, párr. 94; Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general no. 14: El Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, Doc. de la ONU E/C.12/2000/4 (2000), párr. 8; y Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (Comité de la CEDAW), Recomendación general no. 24: La Mujer y la Salud, Doc. de la ONU A/54/38/Rev.1 (1999), párr. 1 [en adelante Comité de la CEDAW, Recomendación general no. 24].
19 Ésta garantía es reiterada en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ver Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), adoptada el 17 de noviembre de 1988, O.A.S.T.S. No. 69 (entrar en vigencia el 16 de noviembre de 1999).
20 Según estudios del Guttmacher Institute, entre el año 2005 y el 2006, el porcentaje de mujeres casadas viviendo en estado de pobreza en Honduras que manifestaron tener una necesidad insatisfecha de acceso a métodos anticonceptivos fue del 21%. El porcentaje de mujeres casadas viviendo en zonas rurales que manifestó dicha con necesidad insatisfecha de acceso a métodos anticonceptivos fue 19%. Ver Guttmacher Institute, Honduras: Summary of available indicators, http://www.guttmacher.org/idc/servlet/DoSummary?cID=HO (visitada el 21 de febrero de 2012).
21 Asamblea General, Informe provisional del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Doc. de la ONU A/66/254 (2011).
22 Dice el informe: “Las leyes penales y las restricciones jurídicas de otra índole que reducen o deniegan el acceso a bienes y servicios relacionados con la planificación de la familia o a determinados métodos anticonceptivos modernos, como los anticonceptivos de emergencia, constituyen una violación del derecho a la salud...algunos Estados tipifican como delito la distribución y el uso de métodos anticonceptivos de emergencia y alegan para justificar esas leyes que se trata de métodos abortivos. No obstante, la OMS ha confirmado la validez de la anticoncepción de emergencia. Un embarazo no deseado llevado a término a consecuencia de esas leyes también puede tener efectos adversos para la salud física y mental. Del mismo modo, las mujeres que carecen de acceso a métodos anticonceptivos de emergencia debido a la prohibición que pesa sobre ellos podrían a la larga verse obligadas a recurrir a abortos clandestinos, exponiéndose a los riesgos para la salud que estos conllevan”. Ibid., párrs. 48-51.
23 Comité de la CEDAW, Recomendación general no. 24, supra nota 18, párr. 14.
24 Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), adoptada el 18 de diciembre de 1979, Res. de la A.G. 34/180, U.N. GAOR, 34a Ses., Sup. no. 46, p. 193, art. 12(1), Doc. de la ONU A/34/46 (entrar en vigencia el 3 de septiembre de 1981).
25 Ibid., art. 16.
26 El derecho a la libertad y seguridad personales se encuentra reconocido por el artículo 4 de la Convención de Belém do Pará (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, (Convención de Belém do Pará), adoptada el 9 de junio de 1994, 33 I.L.M. 1534; la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada el 10 de diciembre de 1948, Res. de la A.G. 217a (III), art. 3, Doc. de la ONU A/810 (1948) [en adelante Declaración Universal]; la Convención Americana sobre Derechos Humanos , adoptado el 22 de noviembre de 1969, O.A.S.T.S. No. 36, 1144 U.N.T.S. 123, art. 7 (entrar en vigencia el 18 de julio de 1978) [en adelante Convención Americana]; y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado el 16 de diciembre de 1966, Res. de la A. G. 2200, U.N. GAOR 21a Ses., Sup. No. 16, art. 9, Doc. de la ONU A/6316 (1966) (entrar en vigencia el 23 de marzo de 1976) [en adelante PIDCP].
27 Este derecho se ha reconocido en los arts. 1 y 12 de la Declaración Universal, supra nota 26; art. 17 del PIDCP, supra nota 26 y en art. 11 de la Convención Americana, supra nota 26.
28 Este derecho ha sido interpretado en el sentido de imponer a los Estados adoptar “medidas positivas” dirigidas a preservar la vida. Ver, inter alia, Comité de Derechos Humanos (CDH), Observación general no. 6: Derecho a la vida, Doc. de la ONU HRI/GEN/1/Rev.1 (1994), párr. 5; Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, Opinión Consultiva OC-18/03, Corte Interamericana de Derechos Humanos (ser. A) no. 18, párr. 81 (el 17 de septiembre de 2003).
29 Un estudio del Banco Mundial reveló que un acceso comprensivo a métodos de planificación familiar, puede disminuir la mortalidad materna entre un 25% y un 40%. Ver BANCO MUNDIAL, POPULATION ISSUES IN THE 21ST CENTURY:
THE ROLE OF THE WORLD BANK, 2007. Fundamentándose en evidencias como éstas, el Comité de los Derechos del Niño (Comité del CDN) ha manifestado la necesidad de que los Estados aseguren el acceso a métodos modernos de planificación familiar para reducir la mortalidad materna. Ver Comité de los Derechos del Niño, Observación general no. 4: La Salud y desarrollo de los adolescentes en el contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño, Doc. de la ONU CRC/GC/2003/4 (2003), párr. 31.
30 Ibid.
31 Honduras, Código Penal (1995) (“Articulo 126. El aborto es la muerte de un ser humano en cualquier momento del embarazo o durante el parto. Quien intencionalmente cause un aborto será castigado:
1. Con tres (3) a seis (6) años de reclusión si la mujer lo hubiese consentido; 2. Con seis (6) a ocho (8) años de reclusión si el agente obra sin el consentimiento de la madre y sin emplear violencia o intimidación; 3. Con ocho (8) a diez (10) años de reclusión si el agente emplea violencia, intimidación o engaño.
Artículo 128. La mujer que produzca su aborto o consienta que otra persona se lo cause, será sancionada con reclusión de tres (3) a seis (6) años”).
32 Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, adoptada el 11 de octubre de 2005, ratificado por Honduras el 22 de agosto de 2006.
33 Ibid., art. 11.
34 Ver, inter alia, Comité de la CEDAW, Observaciones finales: Honduras, Doc. de la ONU CEDAW/C/HON/CO/6 (2007), párr. 25; CDH, Observaciones finales: Honduras, Doc. de la ONU CCPR/C/HND/CO/1 (2006), párr. 8 [en adelante CDH, Observaciones finales: Honduras].
35 CDH, Observaciones finales: Honduras, párr. 8.
miércoles, 22 de febrero de 2012
sábado, 4 de febrero de 2012
Honduras: Quince Mujeres Periodistas Presentan Una Denuncia Contra Altas Autoridades Del Estado
Source: Reporteros sin Fronteras
03/01/2012
La motivan por los delitos cometidos por funcionarios civiles y militares contra el ejercicio de los derechos garantizados por la Constitución, por abuso de autoridad y tratos crueles e inhumanos y degradantes.
El presidente Porfirio Lobo Sosa, así como los generales René Osorio Canales, jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerzas Armadas, y Andrés Felipe Díaz, jefe de la Guardia de Honor Presidencial, son objeto de una denuncia presentada el 21 de diciembre de 2011 por quince mujeres periodistas del colectivo “Periodistas por la Vida y la Libertad de Expresión” ante la fiscal especial de Derechos Humanos, Sandra Ponce.
Esto, después de que las denunciantes y unos cincuenta periodistas, defensores de los derechos humanos y representantes de algunos movimientos sociales fueran agredidos de manera violenta durante una manifestación realizada el 13 de diciembre pasado, cuando se encontraban en las inmediaciones de la Casa de Gobierno, en Tegucigalpa.
“Al menos tres razones nos motivan a apoyar esta denuncia colectiva, de la que recibimos una copia. Por una parte, esta denuncia constituye una respuesta legítima a los graves abusos de autoridad cometidos contra personas indefensas.
Por otra parte, la demanda replica una escandalosa propaganda del Estado, que consiste en desacreditar a las víctimas haciéndolas pasar por agresores. ¿Por qué una manifestación precedente de periodistas, organizada cuatro días antes en el mismo lugar, pudo llevarse a cabo sin la mínima confrontación? Finalmente, más allá de lo hechos de los cuales se desprende, esta denuncia colectiva plantea de forma legítima la pregunta de por qué la impunidad perdura en un país que se ha convertido, después de México, en el más mortífero del continente para aquellos que realizan la labor de informar, en particular sobre una situación de los derechos humanos tan alarmante. Nuestra voz se une a la de las denunciantes para exigir a las autoridades hondureñas que se haga justicia”, declaró Reporteros sin Fronteras.
En Honduras han sido asesinados 24 periodistas desde el año 2003, 17 de ellos tan sólo en el periodo que siguió al golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
Agresión a mujeres periodistas que protestaban pacíficamente frente al palacio presidencial
Una protesta pacífica de periodistas, en su mayoría mujeres, convocada por el colectivo “Periodistas por la Vida y la Libertad de Expresión”, fue víctima de la brutalidad de la policía y del ejército en las inmediaciones de la Casa de Gobierno el 13 de diciembre de 2011 en Tegucigalpa. Los manifestantes, que partieron de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, reclamaban justicia por los asesinatos de 24 periodistas ocurridos desde 2003, 17 de ellos durante el periodo que siguió al golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
“Frente a una situación de lo más dramática en lo que respecta a las libertades públicas y a los derechos humanos, el Estado hondureño tiene como única respuesta la represión. Esta actitud muestra su responsabilidad en este contexto y la clara continuidad de la dinámica de persecución emprendida tras el golpe de Estado. La ‘reconciliación nacional’ promovida por el Acuerdo de Cartagena de Indias no es más que palabras huecas. La comunidad internacional y los Estados latinoamericanos deben exigir en 2012 resultados tangibles en las investigaciones sobre las violaciones de los derechos humanos, así como la plena cooperación de las autoridades hondureñas en este aspecto. De otra manera, ante la cercanía de las grandes elecciones de 2013, el país corre de nuevo el riesgo del caos”, declaró Reporteros sin Fronteras.
La protesta del 13 de diciembre responde especialmente al más reciente asesinato de un periodista, por primera vez se trata de una mujer: Luz Marina Paz Villalobos, quien perdió la vida el 6 de diciembre pasado. Como recuerda la organización C-Libre, socia de Reporteros sin Fronteras, los manifestantes también buscaban denunciar los actos de censura y la persecución sistemática que padecen los medios de comunicación alternativos y comunitarios, así como los defensores de los derechos humanos y los representantes de los movimientos sociales. Minado por la violencia política desde el golpe de Estado de 2009, Honduras se encuentra, de manera general, entre los países con los peores niveles de inseguridad a escala mundial debido a los 86 homicidios registrados por cada 100.000 habitantes.
“Logramos mover la barda y avanzamos hasta nuestra meta, lo que llenó de furia a los militares que resguardan la presidencial, que más adelante, frente a la casa de gobierno nos esperaban tras otra barrera metálica. Nos recibieron a empujones, toletazos y lanzaron las bombas tóxicas para desplazarnos”, testimonió ante Reporteros sin Fronteras una de las participantes, precisando que los colegas que participaron en una manifestación precedente, convocada el 9 de diciembre por el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), pudieron realizar su marcha sin la mínima confrontación.
En Honduras, el país más mortífero del continente para el gremio después de México, han sido asesinados cinco periodistas desde el inicio del año; en tres de los casos el crimen está relacionado directamente – o es muy probable que lo esté – con el ejercicio de su profesión.
03/01/2012
La motivan por los delitos cometidos por funcionarios civiles y militares contra el ejercicio de los derechos garantizados por la Constitución, por abuso de autoridad y tratos crueles e inhumanos y degradantes.
El presidente Porfirio Lobo Sosa, así como los generales René Osorio Canales, jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerzas Armadas, y Andrés Felipe Díaz, jefe de la Guardia de Honor Presidencial, son objeto de una denuncia presentada el 21 de diciembre de 2011 por quince mujeres periodistas del colectivo “Periodistas por la Vida y la Libertad de Expresión” ante la fiscal especial de Derechos Humanos, Sandra Ponce.
Esto, después de que las denunciantes y unos cincuenta periodistas, defensores de los derechos humanos y representantes de algunos movimientos sociales fueran agredidos de manera violenta durante una manifestación realizada el 13 de diciembre pasado, cuando se encontraban en las inmediaciones de la Casa de Gobierno, en Tegucigalpa.
“Al menos tres razones nos motivan a apoyar esta denuncia colectiva, de la que recibimos una copia. Por una parte, esta denuncia constituye una respuesta legítima a los graves abusos de autoridad cometidos contra personas indefensas.
Por otra parte, la demanda replica una escandalosa propaganda del Estado, que consiste en desacreditar a las víctimas haciéndolas pasar por agresores. ¿Por qué una manifestación precedente de periodistas, organizada cuatro días antes en el mismo lugar, pudo llevarse a cabo sin la mínima confrontación? Finalmente, más allá de lo hechos de los cuales se desprende, esta denuncia colectiva plantea de forma legítima la pregunta de por qué la impunidad perdura en un país que se ha convertido, después de México, en el más mortífero del continente para aquellos que realizan la labor de informar, en particular sobre una situación de los derechos humanos tan alarmante. Nuestra voz se une a la de las denunciantes para exigir a las autoridades hondureñas que se haga justicia”, declaró Reporteros sin Fronteras.
En Honduras han sido asesinados 24 periodistas desde el año 2003, 17 de ellos tan sólo en el periodo que siguió al golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
Agresión a mujeres periodistas que protestaban pacíficamente frente al palacio presidencial
Una protesta pacífica de periodistas, en su mayoría mujeres, convocada por el colectivo “Periodistas por la Vida y la Libertad de Expresión”, fue víctima de la brutalidad de la policía y del ejército en las inmediaciones de la Casa de Gobierno el 13 de diciembre de 2011 en Tegucigalpa. Los manifestantes, que partieron de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, reclamaban justicia por los asesinatos de 24 periodistas ocurridos desde 2003, 17 de ellos durante el periodo que siguió al golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
“Frente a una situación de lo más dramática en lo que respecta a las libertades públicas y a los derechos humanos, el Estado hondureño tiene como única respuesta la represión. Esta actitud muestra su responsabilidad en este contexto y la clara continuidad de la dinámica de persecución emprendida tras el golpe de Estado. La ‘reconciliación nacional’ promovida por el Acuerdo de Cartagena de Indias no es más que palabras huecas. La comunidad internacional y los Estados latinoamericanos deben exigir en 2012 resultados tangibles en las investigaciones sobre las violaciones de los derechos humanos, así como la plena cooperación de las autoridades hondureñas en este aspecto. De otra manera, ante la cercanía de las grandes elecciones de 2013, el país corre de nuevo el riesgo del caos”, declaró Reporteros sin Fronteras.
La protesta del 13 de diciembre responde especialmente al más reciente asesinato de un periodista, por primera vez se trata de una mujer: Luz Marina Paz Villalobos, quien perdió la vida el 6 de diciembre pasado. Como recuerda la organización C-Libre, socia de Reporteros sin Fronteras, los manifestantes también buscaban denunciar los actos de censura y la persecución sistemática que padecen los medios de comunicación alternativos y comunitarios, así como los defensores de los derechos humanos y los representantes de los movimientos sociales. Minado por la violencia política desde el golpe de Estado de 2009, Honduras se encuentra, de manera general, entre los países con los peores niveles de inseguridad a escala mundial debido a los 86 homicidios registrados por cada 100.000 habitantes.
“Logramos mover la barda y avanzamos hasta nuestra meta, lo que llenó de furia a los militares que resguardan la presidencial, que más adelante, frente a la casa de gobierno nos esperaban tras otra barrera metálica. Nos recibieron a empujones, toletazos y lanzaron las bombas tóxicas para desplazarnos”, testimonió ante Reporteros sin Fronteras una de las participantes, precisando que los colegas que participaron en una manifestación precedente, convocada el 9 de diciembre por el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), pudieron realizar su marcha sin la mínima confrontación.
En Honduras, el país más mortífero del continente para el gremio después de México, han sido asesinados cinco periodistas desde el inicio del año; en tres de los casos el crimen está relacionado directamente – o es muy probable que lo esté – con el ejercicio de su profesión.
domingo, 13 de noviembre de 2011
¡LLAMAMIENTO URGENTE DE SOLIDARIDAD CON EL MOVIMIENTO CAMPESINO DEL BAJO AGUAN EN HONDURAS
CARTA ABIERTA A LOS PUEBLOS Y GOBIERNOS DE NUESTRA AMÉRICA
Hermanos y hermanas:
Estamos profundamente preocupados y preocupadas por la gravedad que está alcanzando la situación del movimiento campesino del Bajo Aguan, en la región norte de Honduras. Día a día nos llegan nuevas denuncias –algunas desesperadas- sobre crímenes cometidos en su contra. Con una presencia militar y policial además fuertemente intensificada en los últimos tiempos – la misma que es señalada repetidamente por su responsabilidad en la represión – estamos convencidos que es urgente actuar para evitar desenlaces peores.
Especial preocupación nos agobia, por la situación de terror que viven los niños y niñas del Bajo Aguan, ya que sus traumas -generados por la represión y el miedo a los que están permanentemente sometidos - perdurarán y afectarán su vida de manera permanente. Hace algunos días, cuando se iniciaba precisamente el operativo militar Relámpago, un grupo de campesinos y campesinas que venían del cementerio donde visitaron las tumbas de sus familiares y de sus compañeros campesinos caídos en la lucha por la tierra, fueron atacados, resultando algunos asesinados y otros heridos. Los niños y las niñas que les acompañaban fueron testigos de ese brutal ataque.
Por todo esto, levantamos nuestra voz de alerta y solicitamos una pronta y eficaz respuesta de parte de los pueblos, gobiernos e instituciones de nuestra América en defensa de la vida y para sentar las bases para una justa resolución de los conflictos de fondo.
Algunos antecedentes
La gravedad del problema fue denunciada el pasado 24 de octubre, en el marco del 143º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se documentó el incremento de los asesinatos -42 asesinados/as afiliados a organizaciones campesinas entre septiembre del 2009 y octubre del 2011-, persecuciones, amenazas e intimidaciones en contra de unas 3.500 familias campesinas que reclaman su derecho a la tierra y a la alimentación, y se encuentran en total indefensión frente a la criminal represión y saqueo de la oligarquía hondureña, ligada fundamentalmente a la producción de palma aceitera en esa zona y estrechamente vinculada al régimen político instaurado tras el golpe de estado de 2009. A esos asesinatos se agregan los procesos judiciales en contra de más de 160 campesinos -iniciados hasta julio del 2011-, los desalojos forzosos y la destrucción de las viviendas y medios de vida de pueblos enteros.
Según informes y denuncias públicas disponibles, en el país hay más de 600 mil familias que carecen de tierra, sin que exista por parte del Estado hondureño una estrategia agraria para solventar la grave problemática social. El conflicto agrario en Honduras se polariza a raíz de la Ley de Modernización Agrícola del año 1992, que permitió rebalsar los topes existentes en relación a la tenencia de la tierra, dando lugar a enormes plantaciones concentradas, en el Bajo Aguan, en manos de terratenientes como Miguel Facussé, Reynaldo Canales y René Morales Carazo.
En vez de responder por esta situación de violaciones graves y sistemáticas a los derechos económicos, sociales y culturales de la población, el gobierno actual inició la operación conjunta Xatruch II, que desde mediados de agosto desplegó en la zona unos mil efectivos policiales y militares de la Fuerza Naval y del Batallón de Infantería con sede en el Aguan, y el Operativo Relámpago –a partir de noviembre del 2011-, bajo la justificación de “disminuir la ola de asesinatos y secuestros en el país”.
En ese contexto se generan graves y alarmantes denuncias en la zona, que señalan la participación de agentes de la Operación Xatruch II en torturas de campesinos, en el asesoramiento al Ejército y a guardias privadas de los terratenientes, por marines norteamericanos y paramilitares colombianos; así como la presencia de los paramilitares ligados al narcotráfico conocidos como “los zetas” de México.
Irónicamente, mientras la muerte y el terror continúan recorriendo los campos del Bajo Aguan, y el régimen criminaliza la lucha campesina y profundiza la militarización del territorio, su titular Porfirio Lobo asegura que se avanza en el proceso de pacificación y reconciliación del país, logrando así que la Organización de Estados Americanos (OEA) y otras instancias internacionales reincorporaran al Estado de Honduras como miembro activo con plenos derechos. Asimismo dan rienda suelta a los planes ambiciosos de inversión, endeudamiento y ocupación territorial del país a fin de profundizar el saqueo y la depredación. Lejos de alcanzar esa pacificación y reconciliación, el pueblo hondureño sufre los embates de un sistema colapsado.
La Policía Nacional, responsable de proteger a la población de los criminales, está siendo sacudida por la crisis más profunda de su historia, siendo señalada por su incapacidad de perseguir el delito y los delincuentes, sus violaciones a los derechos humanos, y por la vinculación de muchos de sus miembros al tráfico de drogas, al crimen organizado, y al sicariato.
En lugar de acabar con los crímenes que se multiplican por miles cada año -y que ubican a Honduras como uno de los países más violentos del mundo según el Estudio Global sobre Homicidios (2011) de la Oficina de las Naciones Unidas sobre la Droga y el Crimen (UNODC)- la policía hondureña ataca sin piedad a la población, siendo los campesinos del Bajo Aguan algunas de sus víctimas principales, debido a su firmeza en la lucha por la tierra.
Respuestas desatinadas
Ante este panorama, desde la comunidad internacional las respuestas tienden más al agravamiento de los conflictos que su resolución. Amén de la plena reincorporación de Honduras a la Organización de Estados Americanos, ignorando la ola represiva desatada y la indefensión jurídica que emanan del colapso del sistema jurídico y la impunidad reinante, los EE.UU. han incrementado notoriamente su presencia, entrenamientos y gastos militares en el país, abriendo incluso tres nuevas bases militares en el período posterior al golpe de 2009.
A partir de junio de este año y con la concurrencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, los EE.UU. y otros, bajo la justificación de una nueva Iniciativa Regional Centroamericana de Seguridad que se supone indicada para mejorar el combate al narcotráfico y otras formas de crimen organizado, se está consolidando un fuerte respaldo y aprovisionamiento justamente a los sectores más implicados en el mismo. Esta nueva transnacionalización de un muy particular concepto de seguridad, siempre bajo el dominio de EE.UU., ya tiene muchos antecedentes en el país y la región, incluyendo el “capítulo de seguridad” incorporado al NAFTA cuyos resultados en México están a la vista. Tampoco pueden ignorarse sus vínculos con las políticas de inversión, endeudamiento y control territorial que en el Bajo Aguan y las zonas costeras Garífunas, entre otras partes de Honduras, buscan imponer sus proyectos de saqueo reverdecidos - “energía renovable”, “reforestación ecológica” y “turismo sustentable” - por sobre la resistencia de las poblaciones cuyas posibilidades de vida se ven cada vez más violentadas.
Nuestra solicitud
Por estas razones:
- Nos dirigimos a los presidentes y presidentas latinoamericanos y caribeños, entre ellos a quienes han aprobado el reingreso de Honduras a la OEA, para:
•
Pedirles que sus gobiernos se hagan presentes en el Bajo Aguan, nombrando a un representante de sus embajadas para que se apersonen en la región, y hagan los esfuerzos que se requieran para detener la sistemática agresión y asesinatos contra los campesinos y campesinas.
•
Pedirles que suspendan toda ayuda financiera al gobierno, especialmente la destinada a las Secretarías de Defensa y Seguridad Pública. Que se suspenda toda cooperación internacional dirigida a fortalecer al Ejército, la Policía Nacional y a sostener la intervención extranjera, sea ésta en calidad de préstamo o de donación.
- Nos dirigimos a la Organización de Estados Americanos, para pedir que proceda con urgencia a nombrar una Comisión de Verificación de la situación del Bajo Aguan, con apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
- Nos dirigimos a la Organización de las Naciones Unidas, para solicitar que envíe Relatores Especiales al país para constatar las denuncias de las poblaciones afectadas en el lugar de los hechos.
- Nos dirigimos a las Instituciones Financieras Internacionales, a los inversores y llamados “donantes” internacionales, para que suspendan toda operación que afecta la zona, hasta tanto su necesidad y legitimidad sean comprobadas desde la perspectiva de los derechos de las comunidades afectadas.
-Nos dirigimos a las autoridades hondureñas, para exigir que respeten los compromisos asumidos frente a la comunidad internacional de:
1) Velar por los derechos humanos:
•
Dando protección a las personas y comunidades en riesgo.
•
Investigando y sancionando los crímenes cometidos y castigando a sus responsables.
•
Terminando con la criminalización de los movimientos campesinos y con la impunidad de la que gozan los grandes terratenientes.
2) Avanzar desde el Estado hacia la solución de la grave problemática agraria que afecta al campesinado hondureño:
•
Deteniendo los desalojos forzosos.
•
Garantizando el derecho a la tierra, a la educación, a la salud, a la vivienda, de los y las campesinas organizadas.
•
Impidiendo el avance de la agroindustria por sobre la soberanía alimentaria y la concesión y entrega del territorio y del patrimonio natural sin la obligatoria consulta previa e informada de los afectados.
3) Desmilitarización de la región:
•
Suspender los operativos militares.
•
Poner fin a la presencia militar extranjera.
- Finalmente, nos dirigimos a los pueblos del continente para que se mantengan en alerta frente a la situación de grave peligro que se presenta en Honduras y especialmente en la zona del Bajo Aguan y activen la solidaridad, participando de las distintas iniciativas de las organizaciones populares de la región, como el Observatorio Internacional de Derechos Humanos para el Aguan y las brigadas solidarias.
¡Es Urgente Detener la Masacre en el Bajo Aguan!
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz - Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora
Jubileo Sur/Américas - Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas, COMPA - Espacio Refundacional-Honduras - Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH - Organización Fraternal Negra de Honduras OFRANEH - Rights Action/Derechos en Acción - Colectivo Italia Centro America CICA - Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía de Argentina (primeras firmas)
-11 de noviembre de 2011
Hermanos y hermanas:
Estamos profundamente preocupados y preocupadas por la gravedad que está alcanzando la situación del movimiento campesino del Bajo Aguan, en la región norte de Honduras. Día a día nos llegan nuevas denuncias –algunas desesperadas- sobre crímenes cometidos en su contra. Con una presencia militar y policial además fuertemente intensificada en los últimos tiempos – la misma que es señalada repetidamente por su responsabilidad en la represión – estamos convencidos que es urgente actuar para evitar desenlaces peores.
Especial preocupación nos agobia, por la situación de terror que viven los niños y niñas del Bajo Aguan, ya que sus traumas -generados por la represión y el miedo a los que están permanentemente sometidos - perdurarán y afectarán su vida de manera permanente. Hace algunos días, cuando se iniciaba precisamente el operativo militar Relámpago, un grupo de campesinos y campesinas que venían del cementerio donde visitaron las tumbas de sus familiares y de sus compañeros campesinos caídos en la lucha por la tierra, fueron atacados, resultando algunos asesinados y otros heridos. Los niños y las niñas que les acompañaban fueron testigos de ese brutal ataque.
Por todo esto, levantamos nuestra voz de alerta y solicitamos una pronta y eficaz respuesta de parte de los pueblos, gobiernos e instituciones de nuestra América en defensa de la vida y para sentar las bases para una justa resolución de los conflictos de fondo.
Algunos antecedentes
La gravedad del problema fue denunciada el pasado 24 de octubre, en el marco del 143º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se documentó el incremento de los asesinatos -42 asesinados/as afiliados a organizaciones campesinas entre septiembre del 2009 y octubre del 2011-, persecuciones, amenazas e intimidaciones en contra de unas 3.500 familias campesinas que reclaman su derecho a la tierra y a la alimentación, y se encuentran en total indefensión frente a la criminal represión y saqueo de la oligarquía hondureña, ligada fundamentalmente a la producción de palma aceitera en esa zona y estrechamente vinculada al régimen político instaurado tras el golpe de estado de 2009. A esos asesinatos se agregan los procesos judiciales en contra de más de 160 campesinos -iniciados hasta julio del 2011-, los desalojos forzosos y la destrucción de las viviendas y medios de vida de pueblos enteros.
Según informes y denuncias públicas disponibles, en el país hay más de 600 mil familias que carecen de tierra, sin que exista por parte del Estado hondureño una estrategia agraria para solventar la grave problemática social. El conflicto agrario en Honduras se polariza a raíz de la Ley de Modernización Agrícola del año 1992, que permitió rebalsar los topes existentes en relación a la tenencia de la tierra, dando lugar a enormes plantaciones concentradas, en el Bajo Aguan, en manos de terratenientes como Miguel Facussé, Reynaldo Canales y René Morales Carazo.
En vez de responder por esta situación de violaciones graves y sistemáticas a los derechos económicos, sociales y culturales de la población, el gobierno actual inició la operación conjunta Xatruch II, que desde mediados de agosto desplegó en la zona unos mil efectivos policiales y militares de la Fuerza Naval y del Batallón de Infantería con sede en el Aguan, y el Operativo Relámpago –a partir de noviembre del 2011-, bajo la justificación de “disminuir la ola de asesinatos y secuestros en el país”.
En ese contexto se generan graves y alarmantes denuncias en la zona, que señalan la participación de agentes de la Operación Xatruch II en torturas de campesinos, en el asesoramiento al Ejército y a guardias privadas de los terratenientes, por marines norteamericanos y paramilitares colombianos; así como la presencia de los paramilitares ligados al narcotráfico conocidos como “los zetas” de México.
Irónicamente, mientras la muerte y el terror continúan recorriendo los campos del Bajo Aguan, y el régimen criminaliza la lucha campesina y profundiza la militarización del territorio, su titular Porfirio Lobo asegura que se avanza en el proceso de pacificación y reconciliación del país, logrando así que la Organización de Estados Americanos (OEA) y otras instancias internacionales reincorporaran al Estado de Honduras como miembro activo con plenos derechos. Asimismo dan rienda suelta a los planes ambiciosos de inversión, endeudamiento y ocupación territorial del país a fin de profundizar el saqueo y la depredación. Lejos de alcanzar esa pacificación y reconciliación, el pueblo hondureño sufre los embates de un sistema colapsado.
La Policía Nacional, responsable de proteger a la población de los criminales, está siendo sacudida por la crisis más profunda de su historia, siendo señalada por su incapacidad de perseguir el delito y los delincuentes, sus violaciones a los derechos humanos, y por la vinculación de muchos de sus miembros al tráfico de drogas, al crimen organizado, y al sicariato.
En lugar de acabar con los crímenes que se multiplican por miles cada año -y que ubican a Honduras como uno de los países más violentos del mundo según el Estudio Global sobre Homicidios (2011) de la Oficina de las Naciones Unidas sobre la Droga y el Crimen (UNODC)- la policía hondureña ataca sin piedad a la población, siendo los campesinos del Bajo Aguan algunas de sus víctimas principales, debido a su firmeza en la lucha por la tierra.
Respuestas desatinadas
Ante este panorama, desde la comunidad internacional las respuestas tienden más al agravamiento de los conflictos que su resolución. Amén de la plena reincorporación de Honduras a la Organización de Estados Americanos, ignorando la ola represiva desatada y la indefensión jurídica que emanan del colapso del sistema jurídico y la impunidad reinante, los EE.UU. han incrementado notoriamente su presencia, entrenamientos y gastos militares en el país, abriendo incluso tres nuevas bases militares en el período posterior al golpe de 2009.
A partir de junio de este año y con la concurrencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, los EE.UU. y otros, bajo la justificación de una nueva Iniciativa Regional Centroamericana de Seguridad que se supone indicada para mejorar el combate al narcotráfico y otras formas de crimen organizado, se está consolidando un fuerte respaldo y aprovisionamiento justamente a los sectores más implicados en el mismo. Esta nueva transnacionalización de un muy particular concepto de seguridad, siempre bajo el dominio de EE.UU., ya tiene muchos antecedentes en el país y la región, incluyendo el “capítulo de seguridad” incorporado al NAFTA cuyos resultados en México están a la vista. Tampoco pueden ignorarse sus vínculos con las políticas de inversión, endeudamiento y control territorial que en el Bajo Aguan y las zonas costeras Garífunas, entre otras partes de Honduras, buscan imponer sus proyectos de saqueo reverdecidos - “energía renovable”, “reforestación ecológica” y “turismo sustentable” - por sobre la resistencia de las poblaciones cuyas posibilidades de vida se ven cada vez más violentadas.
Nuestra solicitud
Por estas razones:
- Nos dirigimos a los presidentes y presidentas latinoamericanos y caribeños, entre ellos a quienes han aprobado el reingreso de Honduras a la OEA, para:
•
Pedirles que sus gobiernos se hagan presentes en el Bajo Aguan, nombrando a un representante de sus embajadas para que se apersonen en la región, y hagan los esfuerzos que se requieran para detener la sistemática agresión y asesinatos contra los campesinos y campesinas.
•
Pedirles que suspendan toda ayuda financiera al gobierno, especialmente la destinada a las Secretarías de Defensa y Seguridad Pública. Que se suspenda toda cooperación internacional dirigida a fortalecer al Ejército, la Policía Nacional y a sostener la intervención extranjera, sea ésta en calidad de préstamo o de donación.
- Nos dirigimos a la Organización de Estados Americanos, para pedir que proceda con urgencia a nombrar una Comisión de Verificación de la situación del Bajo Aguan, con apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
- Nos dirigimos a la Organización de las Naciones Unidas, para solicitar que envíe Relatores Especiales al país para constatar las denuncias de las poblaciones afectadas en el lugar de los hechos.
- Nos dirigimos a las Instituciones Financieras Internacionales, a los inversores y llamados “donantes” internacionales, para que suspendan toda operación que afecta la zona, hasta tanto su necesidad y legitimidad sean comprobadas desde la perspectiva de los derechos de las comunidades afectadas.
-Nos dirigimos a las autoridades hondureñas, para exigir que respeten los compromisos asumidos frente a la comunidad internacional de:
1) Velar por los derechos humanos:
•
Dando protección a las personas y comunidades en riesgo.
•
Investigando y sancionando los crímenes cometidos y castigando a sus responsables.
•
Terminando con la criminalización de los movimientos campesinos y con la impunidad de la que gozan los grandes terratenientes.
2) Avanzar desde el Estado hacia la solución de la grave problemática agraria que afecta al campesinado hondureño:
•
Deteniendo los desalojos forzosos.
•
Garantizando el derecho a la tierra, a la educación, a la salud, a la vivienda, de los y las campesinas organizadas.
•
Impidiendo el avance de la agroindustria por sobre la soberanía alimentaria y la concesión y entrega del territorio y del patrimonio natural sin la obligatoria consulta previa e informada de los afectados.
3) Desmilitarización de la región:
•
Suspender los operativos militares.
•
Poner fin a la presencia militar extranjera.
- Finalmente, nos dirigimos a los pueblos del continente para que se mantengan en alerta frente a la situación de grave peligro que se presenta en Honduras y especialmente en la zona del Bajo Aguan y activen la solidaridad, participando de las distintas iniciativas de las organizaciones populares de la región, como el Observatorio Internacional de Derechos Humanos para el Aguan y las brigadas solidarias.
¡Es Urgente Detener la Masacre en el Bajo Aguan!
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz - Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora
Jubileo Sur/Américas - Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas, COMPA - Espacio Refundacional-Honduras - Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH - Organización Fraternal Negra de Honduras OFRANEH - Rights Action/Derechos en Acción - Colectivo Italia Centro America CICA - Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía de Argentina (primeras firmas)
-11 de noviembre de 2011
jueves, 20 de octubre de 2011
Ensamble de mujeres artistas contra la militarización
Música: Karla Lara, Astrid Velásquez, Miriam Manzanares, Sarai Garay, Kimberly Maradiaga, María Fernanda Medina.
Poetas: Melissa Cardoza, Jessica Sánchez y Mayra Oyuela
Actriz e intérprete de poesía: Susan Arteaga
En este día del y la Artista en Resistencia contra la militarización, un grupo de mujeres artistas desplegarán sus energías y creatividad desde diferentes propuestas unidas por el poderoso hilo de la lucha de las mujeres y las feministas. Junto a ellas, sus voces y ritmos, les invitamos a soñar ese lugar que nos corresponde: nuestros cuerpos, nuestros territorios, nuestra matria sin violencia y sin guerra.
En el repertorio musical se incluye una propuesta producida colectivamente por SEREMEI mujeres en la música, que integra las voces de mujeres de los diferentes pueblos originarios de Honduras que en sus propios idiomas miskito, pech, tawahka, maya chortìs, garífuna y tolupan expresan el sentir colectivo nombre de esta campaña: Quiero en el mundo el lugar que me corresponde.
Desde nosotras un especial reconocimiento y agradecimiento a cada una de las personas que de una u otra manera han contribuido a que este evento sea una realidad, especialmente a las mujeres de los pueblos pech, garífunas, miskito, maya chortí, tawahka que nombraron para las otras mujeres de sus pueblos, la consigna que hoy nos une en una sola voz.
Esta función forma parte de las actividades de la Campaña por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Quiero en el mundo el lugar que me corresponde" promovida por el Centro de Estudios de la Mujer con el Apoyo del Centro Cooperativo Sueco.
lunes, 17 de octubre de 2011
PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO
Nosotras Mujeres Miembras del Espacio Político “Voces de Mujeres Feministas” integrado por APOMUH, CODIMCA, CODEMUH, Y Programa de la Mujer de la Coordinadora de Sindicatos Bananeros y del Agro Industria COSIBAH, ante el incremento de los crímenes de odio en contra de las mujeres emite el siguiente pronunciamiento:
A pesar que desde el año 2003 el movimiento feminista, especialmente las instancias que conforma el colectivo de mujeres contra la violencia, alarmadas por la incidencia de femicidios en el país, organizaron y ejecutaron acciones diversas, entre ellas, lanzaron la campaña nombrada “Ni Una Muerta Más, Las Asesinadas Tienen Nombre, Sus Asesinos También, ALTO A LA IMPUNIDAD”. Con dichas acciones se logra que en 2004 se presentara una moción para que se nombre una comisión de seguimiento a los femicidios, la que no obtuvo relevancia, ya que le fue asignada la responsabilidad a la Comisión de la mujer del Congreso Nacional la que no rindió ningún informe sobre sobre su gestión.
A principios del año 2005 el CEM-H, el Colectivo contra la Violencia, la Comisión de la Mujer del Congreso Nacional, el Instituto Nacional de la Mujer, de la Comisión Interamericana de la Mujer y del PNUD, después de haber participado en un encuentro sobre femicidios en la ciudad de México, formaron la Comisión Interinstitucional de femicidios pero ésta solamente se reunió tres veces y se desintegro.
A principios del 2006 el Comisionado de Derechos Humanos convoco a una reunión a las diferentes instancias y organizaciones de Mujeres de cara a un informe regional centroamericano sobre femicidios, que las instancias de los Comisionados en cada uno de los países debían levantar, por esta razón y a petición de las organizaciones de Mujeres se reactiva la Comisión Interinstitucional de Femicidios.
A pesar de que dicha Comisión era un espacio de incidencia política, debate, reflexión y análisis sobre la problemática de femicidios en Honduras orientado a la elaboración y de negociación de propuestas y de creación de políticas públicas que prevengan y sancionen la violencia contra las mujeres por razones de género. En el 2006 a solicitud del Colectivo de mujeres Contra la Violencia la diputada Doris Gutierrez presentó una moción al Congreso Nacional para que se conformara una Comisión de alto nivel para la investigación de femicidios en Honduras. (Boletín de CEM-H).
El Espacio Político “Voces de Mujeres Feministas” analiza y resalta con mucha preocupación que a pesar de la lucha sistemática de las organizaciones feministas y organizaciones de mujeres en contra de la violencia por su condición de género, la situación es cada día peor, Es sumamente alarmante el incremento de los índices de feminicios en el país, tanto en gobiernos anteriores y mucho más ahora bajo del régimen de Porfirio Lobo Sosa que muestra total indiferencia y falta de compromiso para hacer que las instancias Estatales responsables de definir políticas públicas que garanticen la investigación de los feminicidios, de castigar a los responsables y de aplicar justicia a favor de las mujeres, para prevenir que continúen los crímenes de odio en contra de las mujeres. El nivel de impunidad crece cada día más y con ella también se incrementan los asesinatos de mujeres.
Denunciamos y condenamos la actitud irresponsable de las instancias Estatales encargadas de investigar y aplicar justicia para asegurar la vida de las mujeres, ya que en vez de cumplir con su papel se dedican a dar cifras de femicidios y a especular, con argumentos que más bien justifican los asesinatos de mujeres, relacionándolos con el crimen organizado, con el narco tráfico y con muertes pasionales, sin reconocer que los crímenes de odio tienen relación directa con el hecho de ser mujeres, es decir que se trata de violencia sexista, patriarcal que cosifica los cuerpos de las mujeres y que convierte a los derechos sexuales de las mujeres en un alto riesgo y que ejercerlos puede costarle la vida.
Lic. Porfirio Lobo Sosa, las Mujeres no somos cifras, somos seres humanas, ciudadanas que damos a este país, riqueza, vida, sabiduría, amor, afectividad, trabajo, usted debe saber que sí las mujeres decidimos declararnos una semana en huelga de brazos caídos Honduras se hunde. Por lo tanto Exigimos investigue los feminicidios y castigo a los asesinos. Que nos dejen decidir sobre nuestro cuerpo, relacionarnos con quienes nos de la gana y disfrutar con autonomía, sin que por ello su régimen nos criminalice.
Las Feministas Exigimos Justicia, ALTO a la IMPUNIDAD
Choloma Cortés 11 de Octubre de 2011
A pesar que desde el año 2003 el movimiento feminista, especialmente las instancias que conforma el colectivo de mujeres contra la violencia, alarmadas por la incidencia de femicidios en el país, organizaron y ejecutaron acciones diversas, entre ellas, lanzaron la campaña nombrada “Ni Una Muerta Más, Las Asesinadas Tienen Nombre, Sus Asesinos También, ALTO A LA IMPUNIDAD”. Con dichas acciones se logra que en 2004 se presentara una moción para que se nombre una comisión de seguimiento a los femicidios, la que no obtuvo relevancia, ya que le fue asignada la responsabilidad a la Comisión de la mujer del Congreso Nacional la que no rindió ningún informe sobre sobre su gestión.
A principios del año 2005 el CEM-H, el Colectivo contra la Violencia, la Comisión de la Mujer del Congreso Nacional, el Instituto Nacional de la Mujer, de la Comisión Interamericana de la Mujer y del PNUD, después de haber participado en un encuentro sobre femicidios en la ciudad de México, formaron la Comisión Interinstitucional de femicidios pero ésta solamente se reunió tres veces y se desintegro.
A principios del 2006 el Comisionado de Derechos Humanos convoco a una reunión a las diferentes instancias y organizaciones de Mujeres de cara a un informe regional centroamericano sobre femicidios, que las instancias de los Comisionados en cada uno de los países debían levantar, por esta razón y a petición de las organizaciones de Mujeres se reactiva la Comisión Interinstitucional de Femicidios.
A pesar de que dicha Comisión era un espacio de incidencia política, debate, reflexión y análisis sobre la problemática de femicidios en Honduras orientado a la elaboración y de negociación de propuestas y de creación de políticas públicas que prevengan y sancionen la violencia contra las mujeres por razones de género. En el 2006 a solicitud del Colectivo de mujeres Contra la Violencia la diputada Doris Gutierrez presentó una moción al Congreso Nacional para que se conformara una Comisión de alto nivel para la investigación de femicidios en Honduras. (Boletín de CEM-H).
El Espacio Político “Voces de Mujeres Feministas” analiza y resalta con mucha preocupación que a pesar de la lucha sistemática de las organizaciones feministas y organizaciones de mujeres en contra de la violencia por su condición de género, la situación es cada día peor, Es sumamente alarmante el incremento de los índices de feminicios en el país, tanto en gobiernos anteriores y mucho más ahora bajo del régimen de Porfirio Lobo Sosa que muestra total indiferencia y falta de compromiso para hacer que las instancias Estatales responsables de definir políticas públicas que garanticen la investigación de los feminicidios, de castigar a los responsables y de aplicar justicia a favor de las mujeres, para prevenir que continúen los crímenes de odio en contra de las mujeres. El nivel de impunidad crece cada día más y con ella también se incrementan los asesinatos de mujeres.
Denunciamos y condenamos la actitud irresponsable de las instancias Estatales encargadas de investigar y aplicar justicia para asegurar la vida de las mujeres, ya que en vez de cumplir con su papel se dedican a dar cifras de femicidios y a especular, con argumentos que más bien justifican los asesinatos de mujeres, relacionándolos con el crimen organizado, con el narco tráfico y con muertes pasionales, sin reconocer que los crímenes de odio tienen relación directa con el hecho de ser mujeres, es decir que se trata de violencia sexista, patriarcal que cosifica los cuerpos de las mujeres y que convierte a los derechos sexuales de las mujeres en un alto riesgo y que ejercerlos puede costarle la vida.
Lic. Porfirio Lobo Sosa, las Mujeres no somos cifras, somos seres humanas, ciudadanas que damos a este país, riqueza, vida, sabiduría, amor, afectividad, trabajo, usted debe saber que sí las mujeres decidimos declararnos una semana en huelga de brazos caídos Honduras se hunde. Por lo tanto Exigimos investigue los feminicidios y castigo a los asesinos. Que nos dejen decidir sobre nuestro cuerpo, relacionarnos con quienes nos de la gana y disfrutar con autonomía, sin que por ello su régimen nos criminalice.
Las Feministas Exigimos Justicia, ALTO a la IMPUNIDAD
Choloma Cortés 11 de Octubre de 2011
martes, 4 de octubre de 2011
martes, 9 de agosto de 2011
COMUNICADO
Tegucigalpa, 1 de agosto 2011
Sra. Abogada Sandra Ponce
Fiscal Especial de Derechos Humanos
Presente.
Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestra preocupación y exigimos la inmediata investigación sobre las 11 (once) muertes maternas ocurridas en El Hospital Materno Infantil en Tegucigalpa, M.D.C, en un período de 15 días a partir del 12 de julio del corriente, reclamando que se hagan de conocimiento público los resultados de las autopsias para conocer las causas de las muertes de las mujeres, en su mayoría jóvenes.
La gravedad de los hechos no ha tenido la respuesta esperada de parte de las autoridades competentes. Por el contrario, en los medios de comunicación, las autoridades de salud han tratado de desviar la atención sobre este excesivo incremento del número de muertes maternas en tan corto período. Se han expresado argumentos sobre la posible contaminación de los hospitales y el estado de salud descompensado de las pacientes sin dar a conocer el resultado de las autopsias.
De acuerdo a información que recabamos solamente 2 (dos) de las pacientes presentaban un estado de salud descompensado al momento del parto, no así las otras 9 (nueve), que también fallecieron.
Por lo tanto, demandamos una investigación seria y expedita sobre estos hechos, que involucre a las más altas autoridades de salud, incluyendo las Direcciones de los hospitales y al Ministro de Salud, donde se explique qué pasó y cuáles fueron las causas de esas muertes, cuál era el estado de salud y el tipo de control que se llevó de cada paciente desde el momento que ingresaron al hospital hasta su fallecimiento, más toda la investigación que se requiera para determinar si hubo mala práctica y negligencia como causal de estas muertes maternas, que en tal caso constituirían “crímenes de estado”.
Exigimos un proceso de investigación exhaustivo tomando en cuenta todas las herramientas y protocolos necesarios, incluidas la autopsia y la declaración verbal a parientes, así como el personal que atendió a dichas mujeres; con la participación de entidades técnicas imparciales, distintas a la Secretaría de Salud, como OPS, ONU Mujeres y UNFPA, entre otras.
El Estado de Honduras está comprometido en el logro de los Objetivos y Metas del Milenio, donde la reducción de la mortalidad materna es uno de esos objetivos fundamentales. Exigimos que todas las instancias del estado asuman la responsabilidad que les compete en el esclarecimiento de estas muertes maternas.
Organizaciones firmantes:
Feministas en Resistencia (FER),
Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H)
CATTRACHAS
Centro de Derechos de Mujeres (CDM)
Comité Latinoamericano de Derechos de las Mujeres-Honduras- CLADEM
Red de Mujeres de la colonia Ramón Amaya Amador
Asociación de Mujeres Socialistas “Las Lolas”
Red de Mujeres de Ojojona
Red de Mujeres de Santa Ana
Feministas independientes
Mesoamericanas en resistencia-Honduras
Red de Mujeres del Aguán
Red de Mujeres Olanchito-Yoro
Red de mujeres contra la violencia- Intibucá
cc. OPS/OMS,
Secretaría de Derechos Humanos
Fiscalía de La Mujer
INAM
Sra. Abogada Sandra Ponce
Fiscal Especial de Derechos Humanos
Presente.
Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestra preocupación y exigimos la inmediata investigación sobre las 11 (once) muertes maternas ocurridas en El Hospital Materno Infantil en Tegucigalpa, M.D.C, en un período de 15 días a partir del 12 de julio del corriente, reclamando que se hagan de conocimiento público los resultados de las autopsias para conocer las causas de las muertes de las mujeres, en su mayoría jóvenes.
La gravedad de los hechos no ha tenido la respuesta esperada de parte de las autoridades competentes. Por el contrario, en los medios de comunicación, las autoridades de salud han tratado de desviar la atención sobre este excesivo incremento del número de muertes maternas en tan corto período. Se han expresado argumentos sobre la posible contaminación de los hospitales y el estado de salud descompensado de las pacientes sin dar a conocer el resultado de las autopsias.
De acuerdo a información que recabamos solamente 2 (dos) de las pacientes presentaban un estado de salud descompensado al momento del parto, no así las otras 9 (nueve), que también fallecieron.
Por lo tanto, demandamos una investigación seria y expedita sobre estos hechos, que involucre a las más altas autoridades de salud, incluyendo las Direcciones de los hospitales y al Ministro de Salud, donde se explique qué pasó y cuáles fueron las causas de esas muertes, cuál era el estado de salud y el tipo de control que se llevó de cada paciente desde el momento que ingresaron al hospital hasta su fallecimiento, más toda la investigación que se requiera para determinar si hubo mala práctica y negligencia como causal de estas muertes maternas, que en tal caso constituirían “crímenes de estado”.
Exigimos un proceso de investigación exhaustivo tomando en cuenta todas las herramientas y protocolos necesarios, incluidas la autopsia y la declaración verbal a parientes, así como el personal que atendió a dichas mujeres; con la participación de entidades técnicas imparciales, distintas a la Secretaría de Salud, como OPS, ONU Mujeres y UNFPA, entre otras.
El Estado de Honduras está comprometido en el logro de los Objetivos y Metas del Milenio, donde la reducción de la mortalidad materna es uno de esos objetivos fundamentales. Exigimos que todas las instancias del estado asuman la responsabilidad que les compete en el esclarecimiento de estas muertes maternas.
Organizaciones firmantes:
Feministas en Resistencia (FER),
Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H)
CATTRACHAS
Centro de Derechos de Mujeres (CDM)
Comité Latinoamericano de Derechos de las Mujeres-Honduras- CLADEM
Red de Mujeres de la colonia Ramón Amaya Amador
Asociación de Mujeres Socialistas “Las Lolas”
Red de Mujeres de Ojojona
Red de Mujeres de Santa Ana
Feministas independientes
Mesoamericanas en resistencia-Honduras
Red de Mujeres del Aguán
Red de Mujeres Olanchito-Yoro
Red de mujeres contra la violencia- Intibucá
cc. OPS/OMS,
Secretaría de Derechos Humanos
Fiscalía de La Mujer
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