ALTO A LOS FEMICIDIOS

TEGUCIGALPA.- Un grupo de mujeres hondureñas exigieron hoy en Tegucigalpa al presidente de México, Felipe Calderón, un alto a los feminicidios en ese país y que se investigue el homicidio de la activista de derechos humanos Susana Chávez, víctima de la violencia en aquel país.


Las Mujeres salieron a protestar a raíz que día a día crece el número de mujeres asesinadas. “Le demandamos señor presidente Calderón, que se investiguen los crímenes de odio contra las mujeres activistas Susana Chávez, Maribel Escobedo y el de su hija Rubí Frayre Escobedo”, subraya la carta de las mujeres hondureñas entregada hoy al embajador de México en Tegucigalpa, Ricardo Tarciso Navarrete.

Las manifestantes, unas quince, se apostaron con una manta y pancartas frente a la legación diplomática mexicana en la capital hondureña, donde además corearon consignas condenando la violencia contra las mujeres en Honduras, México y cualquier otro país. “Pedimos el esclarecimiento de estos femicidios y el castigo a los culpables”, añade la carta dirigida al presidente de México.

En el plantón, las feministas hondureñas, que representan a varias organizaciones de mujeres, también hicieron suya la frase “ni una muerte más”, que acuñó Susana Chávez.

Una de las activistas del Centro de Derechos de Mujeres de Honduras, Niza Medina, de las tres que fueron recibidas por el embajador Navarrete, dijo que “el Estado mexicano también tiene responsabilidad de la violencia contra las mujeres en México”.

Agregó que la protesta de las mujeres hondureñas se suma a las voces de miles de féminas mexicanas, de Latinoamérica y el mundo que le piden al Gobierno de México “que se ponga fin de una vez por todas a los femicidios y los asesinatos en Ciudad Juárez y todo el territorio mexicano”.

“Justicia para las mujeres, paremos los femicidios” y “Asesinan a las mujeres y a ellos no les importa, basta de funcionarios y políticos irresponsables”, se leía en algunas de las pancartas de las manifestantes que repudiaron hoy la muerte violenta de Susana Chávez, Maribel Escobedo y su hija Rubí. ACAN-EFE

NO A LOS FEMICIDIOS

Suma tu adhesión y ayúdanos a difundir este pronunciamiento unitario

Pongamos en pie una gran campaña unitaria internacional
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Envía tu firma y difunde esta campaña internacional

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En México los feminicidios se han incrementado bajo el gobierno de Felipe Calderón. La inmensidad del problema no es resultado de la violencia o el crimen organizado en general, sino de un estado con altos niveles de impunidad, donde los derechos de las mujeres está entre las últimas prioridades.

La muestra son las más de 10 mil mujeres y niñas asesinadas los últimos 10 años. Los 22 millones de mujeres mayores de 14 años que realizan trabajos no remunerados. Miles sin acceso a la salud, con el 60 por ciento de las mujeres que trabajan sin seguridad social. Las 120 mil mujeres y niñas violadas cada año. Con 8 de cada 100 mujeres sin saber leer ni escribir. El reclutamiento de cientos de mujeres y niñas a redes de trata y prostitución. Las mujeres además enfrentan la criminalización del aborto en 17 estados del país con penas que llegan hasta los 35 años de prisión.
El narcotráfico ha sido el pretexto del gobierno para militarizar el país. Y trajo con esto un aumento inaudito de la impunidad, violaciones a los derechos humanos, horas de enfrentamiento a mitad de calle, detenciones ilegales, hostigamiento sexual, civiles asesinados y desapariciones a luchadores sociales en algunos estados del país, toques de queda, entre otras consecuencias para la población.

Ya antes los feminicidios eran una tragedia, las cifras únicamente en Ciudad Juárez de 1993 a 2002 alcanzaban los 413 asesinatos de mujeres y niñas. Tan solo en 2010 Chihuahua sumó 446 muertes más, en el que coincidentemente es el estado más militarizado y violento del país.
Los altos niveles de impunidad son la base de los feminicidios. El sistema judicial esta plagado de prejuicios machistas en sus leyes y marcado por la indolencia y el desprecio de muchas autoridades hacia los crímenes de mujeres.

Fue en los tribunales donde en 2008, Catalina Ochoa, una de los tres jueces que liberó en 2010 al asesino confeso de Rubí Marisol Frayre, dirimió los cargos contra un asesino múltiple de mujeres en el conocido caso de Campo Algodonero, y resolvió su absolución. Mientras tanto, los familiares de las víctimas, que toman en sus manos la investigación, han sido criminalizados, perseguidos y asesinados (como el caso del cuñado de Marisela Escobedo). Pero en las cárceles del país tortura a presos (como hacía la directora de un penal en Torreón), se prostituye a presas (Penal de Santa Martha), se dan permisos para salir de noche, se dan fugas masivas, se encarcela a curas pederastas sólo los fines de semana (caso Laurencio Pérez en Guanajuato).

Por eso, denunciamos que la tragedia que hoy se cierne sobre las mujeres en México obedece entre otras cosas a la impunidad y complicidad de las autoridades. Los últimos tres años se han cometido dos mil 50 asesinatos de mujeres y niñas, en 18 estados del país, según las cifras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Contra las declaraciones del gobernador Enrique Peña Nieto, quien niega los feminicidios en el Edomex, esta entidad alcanzó 922 asesinatos de mujeres registrados entre 2005 y 2010 y 9 de cada 10 asesinatos de mujeres permanecen sin castigo.
A un mes del crimen de Marisela Escobedo en Ciudad Juárez, sin un solo detenido, fue asesinada Susana Chávez, el 6 de enero, quien también fue parte activa en la lucha contra los feminicidios. Con ella suman tres las defensoras de derechos humanos asesinadas en Chihuahua en un año.
Por todo esto, nosotras (trabajadoras, desempleadas, estudiantes, amas de casa, activistas, feministas, lesbianas feministas, defensoras y de la lucha anticapitalista), mujeres de América Latina y el Caribe que nos solidarizamos con nuestras hermanas mexicanas y todo el pueblo trabajador y pobre del país, queremos poner en pie una gran campaña unitaria de las organizaciones de mujeres, feministas, de la disidencia sexual, lesbianas, comisiones sindicales de mujeres, organismos de derechos humanos, estudiantiles y obreros, para que se oiga nuestra voz que reclama:


• ¡Alto a los feminicidios! ¡Ni una muerta más!
• ¡Basta de violencia contra la mujer!
• Solidaridad con Nuestras Hijas de Regreso a Casa y con todas las activistas, feministas y luchadoras de Chihuahua. Alertamos a las organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes pueden velar efectivamente por su seguridad.
• ¡Repudiamos el asesinato a Marisela y Susana y exigimos el juicio y castigo para los responsables y la detención inmediata y definitiva de Rafael Barraza!
• ¡Alto a la represión de activistas en el país!
• ¡Alto a la militarización! ¡Exigimos al gobierno que retire inmediatamente las tropas de todo el país!
• ¡Destitución, juicio y castigo a los jueces y autoridades implicados en negligencias en casos de feminicidios!
• ¡Por una comisión independiente integrada con mujeres destacadas en la lucha contra los feminicidios y los derechos humanos y con familiares de las víctimas!
• ¡Apertura y reapertura de todos los expedientes donde hay implicados asesinos de mujeres!


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MEXICO:
Agrupación de mujeres Pan y Rosas
JUSTICIA PARA NUESTRAS HIJAS. Chihuahua
Francesca Gargallo. Feminista y escritora
Humberto Robles. Dramaturgo, guionista y activista de derechos humanos
Dra. Lucía Melgar. Académica e investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género, UNAM
Liga de Trabajadores por el Socialismo
Contracorriente agrupación estudiantil. UNAM
Juventud Trabajadora Barricada de Ecatepec
Elena de Forencia, Red de Mujeres Convergencia 8 de Marzo, Edo. Morelos
Guadalupe Caro Cocotle, UNAM
Gabriela Delgado Ballesteros, Investigadora IISUE-UNAM
Martha Isabel Robledo Castillo. Abogada
Roman Pérez. Trabajadores por la unidad VW de mx, Colectivo de trabajadores democráticos de Puebla
Denise Alamillo, Activista Social. Monterrey, Nuevo León
Hiram Molina Guerrero. Dramaturgo
Alejandro César Argueta Paz, Colegio de Ingenieros de Audio
Fernando Hernández. Reportero

ARGENTINA:
Agrupación de Mujeres Pan y Rosas
Pan y Rosas - Bahía Blanca
Andrea D'Atri. Escritora, dirigente PTS, fundadora Pan y Rosas Argentina
Paula Daniela Fernandez Hellmund. Universidad Nacional del Sur
Darío Acosta, estudiante, Córdoba (ARGENTINA)
Claudia Lupardo, trabajadora de la educación, Pan y Rosas. PTS, La Pampa,(ARGENTINA)
BRASIL:
Agrupacion Pan y Rosas
Diana Assunção (Diretora do Sindicato de Trabalhadores da USP – Sintusp)
Mazzei Nogueira UFSC
VENEZUELA:
Livia Vargas González. Profesora universitaria
ESPAÑA:
Andrea Curull Oliete, DNI: 53089762N
Diego Jesús, Rejón Bayo Secretario Acción Sindical FESIM-CGT
María Jesús Sarrionandia Uribelarrea
Christiane Nolte

Las FeR

Ante la escalada represiva contra las/os campesinas/os en Honduras declaramos:

1.Nuestra enérgica protesta ante la militarización de la región del Aguán que tienen la finalidad de reprimir y desalojar a cientos de niños y madres que buscan mejores condiciones de vida para ellas y sus familias. Más de mil trescientos soldados, dos tanques, dos tanquetas y miles de armas de fuego y gas lacrimógeno se han movilizado desde Tegucigalpa y otras partes del país hacia la zona para defender los intereses de los terratenientes latifundistas.

2. Para las/os campesinas/os el acceso a la tierra es un derecho, que las/os agricultoras/es necesitan tierra para producir los cultivos.

3.Demandamos garantía de los derechos seguros a la tierra. Y no sólo a la tierra, sino a todo lo que se relaciona con ella: el agua, los árboles, la vida silvestre, todas las cosas que la población rural necesita para producir alimentos, ganarse la vida y subsistir.

4.Imputamos al régimen encabezado por Porfirio Lobo Sosa la responsabilidad directa de la escalada de violaciones de los derechos humanos de las/os campesinas/os del Aguán.

5.Exigimos que se ponga fin a l La impunidad galopante que refleja la incapacidad para investigar y castigar estos crímenes cometidos contra las/os campesinas/os que forman de la Resistencia y hoy se encuentran en lucha pacífica por la vida.

Por tanto, demandamos:

1. De los organismos internacionales, particularmente de la Organización de Estados Americanos (OEA); de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); se condicione la reintegración de Honduras a los mismos en tanto no demuestre avances definitivos en el respeto a los Derechos Humanos del pueblo hondureño.

2.De la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la pronta instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras.

3.De todas las organizaciones de mujeres de Honduras y del mundo unirse a nuestras voces exigiendo respeto a los derechos humanos del pueblo hondureño.

¡Por la libertad y el respeto a la vida del pueblo en resistencia¡

¡Ni golpes de Estado ni golpes a las mujeres!


14 de diciembre de 2010

Las Feministas en Resistencia

Ante el pueblo hondureño y la comunidad internacional:Ante la escalada represiva en contra de las mujeres en la región centroamericana declaramos:


1. Nuestro enérgica protesta por el brutal asesinato de la compañera guatemalteca Emilia Quan Stackmann (33), socióloga comprometida con su trabajo social, investigadora de los problemas sociales que afectan a nuestros pueblos.

2. nuestra solidaridad con la Fundación Myrna Mack que con la muerte de Emilia ha perdido a una compañera y amiga.

3. Denunciamos y rechazamos la persecución, las violaciones sexuales, las torturas psicológicas y físicas, los femicidios de las que son víctimas las mujeres hondureñas y de la región centroamericana.

Por tanto instamos a la población:

1. Aunar esfuerzos en la demanda de apropiadas investigaciones de todo acto de violación de los Derechos Humanos de las mujeres y que se haga justicia ante el clamor de la ciudadanía que suplica se ponga fin de la impunidad y se haga justicia.

2. Exigir al Gobierno hondureño que tome medidas efectivas para garantizar la vida, la libertad y la paz de las mujeres y de nuestro pueblo.

3. De todas las organizaciones de mujeres de Honduras y del mundo unirse a nuestras voces exigiendo respeto a los derechos humanos de las/os ciudadanas/os de nuestro país.

¡Por la libertad y el respeto a la vida del pueblo en resistencia¡

¡Ni golpes de Estado ni golpes a las mujeres!

Nuestro cuerpo no es campo de batalla


Tegucigalpa, 12 de diciembre de 2010

El cardenal golpeó mi barrio

Las bombas lacrimógenas despertaron el barrio donde crecí. Las vecinas pensaron que eran juegos de pólvora pero la voz se corrió inmediatamente: eran bombas lacrimógenas. El cardenal Oscar Andrés Rodríguez visitaba la escuela Italia. Una pequeña escuela con incipiente infraestructura y poco mobiliario ubicada en medio de los dos sectores de la colonia Oscar A. Flores: mi barrio. Muchos de mis amigas y amigos, quienes lideran hoy la resistencia de la colonia, asistieron a esa escuela. Por eso, concientes de lo que significa la presencia de tan nefasto personaje, salieron en pijama de sus casas espontáneamente a protestar por su presencia, pero el cardenal no iba solo: como cualquier mafioso resguardado por este régimen, se hizo acompañar de los escuadrones de la policía quienes sin pensarlo arremetieron contra las y los manifestantes en pijamas. Mi hermana me llama alterada y al darse cuenta que les estaban golpeando decide no subir. Sin embargo, por el callejón de la casa de mi madre corren los manifestantes escapando de las garras del cardenal y la fuerza policial que llegaron a invadir un territorio que lucha por refundar este país porque vive, día a día y en carne propia las consecuencias de las inequidades sociales.

Es difícil describir lo que me provoca ver las imágenes mostradas a través de Cholusat Sur: En primera plana muestran a Raúl siendo brutalmente golpeado por los policías y mi alma se comprime al recordar su sonrisa el sábado pasado cuando platicaba con mi hermana frente a la casa. Su hermana Rebeca intenta hablar con un policía que sin volver a verla comienza a darle con el tolete, su padre interviene y las imágenes continúan… señoras, niñas, niños, chavas y chavos recibiendo gases y siendo golpeados con bombas en la cara. Quiero salir corriendo a proteger mi territorio, mi gente, mi barrio. El barrio que me vio crecer; que acunó en sus esquinas mis cipotadas, curiosidades, amores, dolores y juegos. El barrio que el cardenal y todos sus secuaces golpean con su presencia, sus toletes, sus bombas, su brutalidad y su descaro. Denuncio públicamente al Cardenal Oscar Andres Rodríguez y a este régimen por violar nuestros derechos continuamente, por golpear sin piedad a las personas que habitan la colonia Oscar A. Flores, por mantenernos en medio de esta dictadura que al igual que en la edad media, en un país laico, la iglesia de la mano con la policía intentan callar las voces de un pueblo que se levanta. Y exijo una disculpa pública a las y los pobladores de este y todos los barrios que intenten invadir. Les recuerdo que no habrá ni olvido ni perdón y que por más que traten

¡NO NOS CALLARAN!

Daysi Flores, Feminista en Resistencia

REPARTAMOS LOS TANTOS AHORA…

En el marco del Encuentro Mesoamericano de Partidos de Izquierda en Tegucigalpa, D.C.

Partiendo de un escrito de la compañera argentina Claudia Korol, generadora incansable de pensamiento y activista en todo el trabajo del feminismo latinoamericano en resistencia, quiero aprovechar la oportunidad para plantear algunas de sus reflexiones sobre la dimensión política de la vida cotidiana. Es curioso mencionar que el artículo en el que nos basamos “La educación como práctica de libertad” refiere la mayor parte de los hechos en tiempo pasado, pero la vigencia de estas actitudes y pensamientos amerita traerlo a este Encuentro.

Los partidos políticos de izquierda, como el movimiento social, incluso las juventudes socialistas, suelen volverse conservadoras a la hora de establecer sus códigos morales, de mediar en las relaciones interpersonales, de construir jerarquías, de ordenar conductas, y ahora -comprando la jerga desarrollista- dicen andar en la búsqueda de “la equidad de género”, repitiendo (como siempre) que después de la toma del poder podremos hablar de la emancipación de las mujeres. Sin embargo, en algunas experiencias en las que las fuerzas llamadas revolucionarias o socialistas estuvieron en el poder, o están, no necesariamente se avanzó en la emancipación de las mujeres y de las diversidades sexuales.

Bueno, nosotras –mujeres revolucionarias- luchamos en toda la década de los 70’s y 80´s -y suele parecer que todavía- para ser “hombres libres”, “hombres nuevos”. Y no hablamos de mujeres libres, o de mujeres nuevas, porque en la clave de entonces, e incluso de ahora, no mencionarnos –dicen- es simplemente por economía del lenguaje. ¡¡Pero allí estábamos, asegurábamos y seguimos asegurando, hombres y mujeres!!. Otras y otros siguen pensando que de todas formas llegar al poder nos permitirá después abordar esta situación, esta afirmación deja claro que hay una preocupante y deliberada disminución sobre el contenido político que implica decir. ¡Primero compa, tomemos el poder, luego repartimos los tantos!.

Los que ahorran palabras como los que lo postergan, sustentan enfoques que limitan nuestras teorías y nuestras prácticas emancipatorias. El economicismo, el determinismo, la subestimación del lugar de la subjetividad en la transformación histórica, el mecanicismo, son funcionales en la perpetuación de la cultura patriarcal… por eso las izquierdas latinoamericanas, lastimosamente, siguen disciplinando las personalidades, los cuerpos y las relaciones sociales.

Al mismo tiempo, el patriarcado –tanto como el racismo-, son absolutamente funcionales a la opresión capitalista. En América Latina, la conquista estableció simultáneamente, relaciones capitalistas de explotación, que se sostenían en la opresión patriarcal, en la opresión racista, que legitimaron el exterminio de los pueblos originarios, la ocupación de los cuerpos de las mujeres como territorios de disputa y de super explotación. Enfrentar al capitalismo, requiere también enfrentar al patriarcado y al racismo!

No sigamos entonces reproduciendo organicidad y militancias con la lógica patriarcal, imponiendo una normatividad heterosexual, de doble moral, reproduciendo el modelo de familia patriarcal, disciplinadora de los cuerpos de las mujeres y custodio de los patrimonios de los varones, pensando la política desde lógicas jerárquicas. Al dictar nuestros propios mandamientos, seguimos construyendo dogmas e inquisiciones, prácticas iluministas que desvalorizan los saberes, las experiencias acumuladas, alimentando la gorda academia del analfabetismo funcional, que tristemente sólo reproduce sistemas de autoridad tan parecidos a los que supuestamente combatimos.

No sigamos reproduciendo pirámides en las que en sus cúpulas se piensa, se sabe, se dice, se puede, se ordena, y quienes estamos en sus bases, no sabemos, no podemos, no pensamos y obedecemos nada más. Donde vuelven a disociarse las teorías de las prácticas, favoreciendo de esta manera, de un lado, la tranquilidad de los dogmas, y como contrapartida, un modelo de activismo con débil fundamento teórico. Quien mira al sol, no puede después observar las sombras, los matices, las diversidades de colores y de definiciones que habitan nuestro camino y nuestra meta socialista.

Demasiados “hombres viejos” y “hombres jóvenes con un abuelo anquilosado durmiendo dentro de ellos” dirigiendo nuestros destinos, demasiadas huellas de la cultura patriarcal. Las experiencias que se nombran como socialistas o los procesos de refundación nacionales no han planteado en su complejidad la batalla cultural contra el patriarcado que no alcanza a criticar la visión androcéntrica del mundo.

Pensar y tratar de crear una “nueva mujer”, nuevas mujeres, y nuevas opciones para el ejercicio de la sexualidad, implica un cuestionamiento profundo al matrimonio por conveniencia entre el capitalismo y el patriarcado, y yo me atrevería a decir, sino hay también un affaire entre nuestras construcciones socialistas y el patriarcado otra vez.

Las revoluciones, las refundaciones, las resistencias no requieren sólo de grandes teorías para ser realizadas, sino que nos desafían a crear personas libres que conjuguen actos y palabras, teorías y prácticas, ideas y valores opuestos a los que reproducen la dominación. Personas y colectivos libres, no agrupados por el miedo, no unidos por el espanto o por mecanismos coercitivos de control y de una desmedida ansia por el poder que repite abusos. Requiere pues, personas y colectivos entramados en la complicidad y en la voluntad de escribir solidariamente una nueva forma de estar en el mundo.

Entremos las refundaciones a nuestras casas, a nuestras relaciones, a nuestras compas y nuestros compas, ¡¡repartamos los tantos ahora!! Esto proponemos las feministas latinoamericanas en resistencia como los retos y desafíos de la izquierda mesoamericana en la construcción de una nueva sociedad.

Karla Lara

Feminista y artista en Resistencia

Aborto en Centroamérica: Una región donde se acumula la injusticia

Managua, septiembre (Especial de SEMlac).- Tres de los seis países que, en todo el mundo, definen como delito todo tipo de aborto y sancionan con cárcel tanto a proveedores de servicios como a las mujeres, están en Centroamérica.

En El Salvador, Honduras y Nicaragua muchas mujeres mueren por falta de acceso a servicios legales y seguros para interrumpir sus embarazos, aun en casos en que el producto no es viable o pone en peligro su vida, mientras que otras han sido condenadas hasta con 30 años de cárcel, acusadas por haberse sometido a esa práctica.

El aborto terapéutico, realizado por razones médicas o cuando es producto de una violación, existía en estas naciones a partir de las Constituciones liberales del siglo XIX. Para eliminar este centenario derecho, en medio de contextos electorales, se aliaron congresistas de derecha e izquierda en El Salvador y Nicaragua. En Honduras se le atribuye el hecho a la derecha.

No obstante, pese a la prohibición y el silencio oficial, organizaciones feministas no han dado tregua a sus gobiernos en la lucha por restituir el aborto terapéutico y han presentado a la opinión pública estadísticas y/o testimonios que muestran la crudeza de la prohibición total de esta práctica.

En Nicaragua, según un informe publicado por la organización no gubernamental IPAS, desde la criminalización del aborto, en 2006, perdieron la vida 31 mujeres. Ellas pudieron haber sobrevivido de haber recibido tratamiento oportuno a diversos tipos de cáncer u embarazos extrauterinos.

Nicaragua: Amalia un caso emblemático

Un caso emblemático es el de la joven de 27 años conocida por la prensa como Amalia. A pesar de tener un diagnóstico de cáncer extendido por su cuerpo, en el hospital de su ciudad, León, la mantuvieron 36 días sin interrumpirle el embarazo para aplicarle la quimioterapia, por temor a la Ley anti aborto. La organización no gubernamental IPAS publicó este y otros testimonios.

De haberse aplicado el engavetado Protocolo del Ministerio de Salud para este tipo de emergencias médicas, a esta mujer se le hubiera interrumpido inmediatamente la gestación de apenas seis semanas y media, y se hubiera iniciado el tratamiento para alargarle la vida. La petición pública de interrupción del embarazo y tratamiento hecha por los familiares de Amalia, fue recogida por organizaciones de mujeres y de derechos humanos.

Tras días de plantones frente al hospital local, y después de haber acudido a la Corte Interamericana de Justicia, la que demandó al Estado nicaragüense que aplicara medidas cautelares para Amalia, las autoridades de salud decidieron aplicarle carboplatino y paclitaxel. Según éstas, tales medicamentos —a los que no tienen accesos otras pacientes de cáncer— permitirían que Amalia llevara a término su embarazo.

Sin informar a la enferma de los riesgos reales del tratamiento, el producto del embarazo no creció lo suficiente y, tras nueve meses de tratamientos, Amalia dio a luz a un feto muerto.

El Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Católicas por el Derecho a decidir, el Grupo Feminista de León, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe denunciaron como inhumano haber ocultado información para obligar a Amalia a una carga que, además de inviable, le quitaba energías para luchar contra su enfermedad.

La joven es madre soltera de una hija de 10 años.

El Salvador: Treinta años de cárcel

Desde 1997, con la nueva legislación penal, El Salvador anuló todos los artículos referidos a los casos de abortos no punibles (eugenésico, terapéutico y ético), y con ello se convirtió en uno de los países más restrictivos en esta materia.

A partir de ese año, muchas mujeres salieron del hospital a la cárcel acusadas de haberse practicado un "aborto consentido", o peor, de haber cometido "homicidio agravado", cuya pena es de 30 años.

Desde su total penalización, las organizaciones feministas salvadoreñas han denunciado las presiones ejercidas en contra del personal médico para mostrar como asesinas a las mujeres que han tenido partos prematuros extra hospitalarios, y obligar a quienes sufren de embarazos extrauterinos a mantener la gravidez hasta que el feto "se les venga", aún a costa de morir por las hemorragias que esto conlleva.

En 2008, el Ministerio de Salud de El Salvador registró más de 6.000 abortos espontáneos o sépticos.

En este duro clima, según informó la periodista Miroslava Rosales, de la revista digital Contrapunto, fueron anuladas por la Corte suprema de Justicia las condenas de siete y 30 años a tres mujeres: Marlene Ponce, de sólo 18 años, Karina Clímaco y Cristina Quintanilla.

Ellas, según señala la publicación, habían sido condenadas por practicarse abortos ilegales sin las debidas pruebas o con pruebas insuficientes, y denunciadas por el personal del hospital Nacional de San Bartolo.

De acuerdo con un reporte en el marco de la campaña que realiza la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Eugenésico y Ético, una de sus integrantes, Mariana Moisa, señaló que muchas mujeres tienen temor de buscar servicios médicos cuando sufren complicaciones durante el embarazo.

Por otro lado, médicos y enfermeras no pueden ejercer sus deberes profesionales y asistir a mujeres con complicaciones, por temor a ser procesados como cómplices del crimen del aborto u homicidio.

En el Salvador, la ley obliga al personal de salud a notificar a la fiscalía cualquier irregularidad o embarazo interrumpido, ya sea espontáneo o voluntario.

Frente a esta situación, Morena Herrera, ex comandante guerrillera y líder feminista, denunció en declaraciones a Contrapunto que asociar el aborto con el homicidio grave castiga sobre todo a las mujeres jóvenes que viven en situación de pobreza.

Honduras: Abortos clandestinos

El aborto en Honduras está penalizado en todas sus formas, con reclusión de tres a seis años, y las mujeres que interrumpen sus embarazos lo hacen clandestinamente, poniendo en peligro su vida, sin las condiciones sanitarias adecuadas para este tipo de procedimiento.

Una joven que acudió a esta práctica en marzo último y prefirió omitir su nombre, comentó a SEMlac que, en su caso, "todo salió bien, no tuve complicaciones, pero me sentí pésimo durante todo el proceso de antes de la intervención porque una sabe que lo va a hacer a escondidas, sin garantías de nada y sin tener donde acudir si algo sale mal".

Entre las consecuencias del aborto clandestino están la soledad y la consecuente culpa con que lo viven las mujeres, en medio de una sociedad permeada por la religión católica y donde se genera una condena social muy fuerte hacia aquellas mujeres que deciden abortar.

Las hondureñas se enferman y se mueren, casi siempre, por problemas relacionados con el ejercicio de su sexualidad y de su reproducción, absolutamente prevenibles en la mayoría de los casos, de acuerdo con el último informe alternativo presentado por CLADEM al Comité de la CEDAW, en 2007.

Desde que se llevan registros hospitalarios en el país, el aborto es la segunda causa de egreso hospitalario después del parto. En 2005, salían de los hospitales nacionales 21 mujeres diariamente con ese diagnóstico, precisa un boletín de registros hospitalarios de la Secretaría de Salud.

Aun cuando las autoridades de salud no reconozcan la problemática, las cifras dan cuenta de que el aborto es un problema de salud pública que debe ser abordado libremente, sin prejuicios sociales ni religiosos.

Claudia Herrmanndofer, del Centro de Derechos de Mujeres, dijo a SEMlac que si bien un informe oficial que será presentado en noviembre ante el consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas deja entrever que existe la figura del aborto terapéutico como legal, ello no es cierto.

"No existe ninguna fundamentación legal para esa afirmación, más que el intento de querer lavar la imagen de un gobierno violador de derechos humanos de las mujeres a nivel internacional", aseveró.

En este contexto, el movimiento feminista se prepara para una campaña de divulgación y acción por el próximo 28 de septiembre, día de la despenalización del aborto con la consigna "Por el retorno de nuestro cuerpo y nuestra democracia", que incluye diversas actividades de grupos de mujeres organizados en todo el país, así como acciones internacionales de denuncia sobre la situación actual del aborto y los derechos reproductivos de las mujeres.

Izquierda conservadora y derecha implacable

A pesar de contar con gobiernos que se autocalifican de izquierda, el retroceso en materia de derechos reproductivos en Nicaragua y El Salvador no parece dar marcha atrás. En Honduras, en tanto, todo apunta a que la situación se ha recrudecido tras el golpe de estado y el nuevo gobierno de derecha.

En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega, a despecho de la Constitución que declara laico al país, se proclama "cristiano, solidario y socialista", y en nombre de esta definición orientó a los diputados de su partido a votar por la penalización y cerrar oídos ante la evidencia médica.

Una posición favorable a la discusión sobre el aborto terapéutico, emitida por la primera ministra de salud del gobierno de Ortega, Maritza Quant, fue rápidamente desmentida por la Primera Dama de la República, Rosario Murillo. Unas semanas más tarde, Quant perdió su puesto.

En Nicaragua, en junio de 2010, 26 representantes ante la Asamblea Nacional liderados por la diputada Mónica Baltodano, de la Alianza Movimiento de Renovación Sandinista, y Yamileth Bonilla, del Partido Liberal Constitucionalista, ambos opositores del gobierno, presentaron una propuesta para permitir el aborto terapéutico, pero sólo consiguieron el compromiso de 26 diputados y diputadas de los 47 necesarios para pasar la Ley.

Mientras tanto en El Salvador, la posición a favor del aborto terapéutico de dos funcionarias parece haber caído en el desierto.

En mayo de 2010, según reporta el diario El Mundo, la ministra de la Salud, María Isabel Rodríguez, pidió a la Asamblea Nacional reconsiderar la Ley en los casos en que están en riesgo madre e hijo; por ejemplo en los embarazos ectópicos o extra uterinos.

Más recientemente, Julia Evelyn Martínez, directora del Instituto Salvadoreño de la Mujer, firmó en nombre de su país un documento conocido como "El Consenso de Brasilia", en el que el país se comprometía, entre otras cosas, a revisar las leyes relativas al aborto.

La desautorización pública del presidente Mauricio Funes no se hizo esperar, a pesar de que él mismo encabeza un gobierno de la antigua guerrilla izquierdista. Para algunas lideresas, esto no debía sorprender, pues los diputados del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) votaron con la derecha para prohibir todo tipo de aborto.

Morena Herrera ha reclamado públicamente al gobierno por la desautorización de Julia Evelyn, así como por el incumplimiento de las autoridades de gobernar para "asegurar los derechos de las mujeres y la igualdad de género".

En una carta pública dirigida a su presidente, Herrera le recuerda la obligación del Estado salvadoreño de actuar conforme a los compromisos internacionales, y se pregunta si tienen más validez para Funes los compromisos comerciales que los relacionados con los derechos de las mujeres.

El panorama sigue complicado para las hondureñas. Desde el golpe de estado, la situación de salud, y específicamente de salud reproductiva para las mujeres, se ha agravado, ya que el gobierno de facto de Roberto Micheletti decidió prohibir y penalizar la promoción, comercialización y uso de las pastillas anticonceptivas de emergencia (PAE), respaldado por un dictamen del Colegio Médico de Honduras, que señala que las pastillas tienen efectos "abortivos".

El decreto menciona en el artículo 3 que "quien contravenga las disposiciones de este decreto se le aplicarán las penas establecidas en el delito de aborto conforme a lo estipulado en el Código Penal". Un decreto que sigue vigente.