Source: Reporteros sin Fronteras
03/01/2012
La motivan por los delitos cometidos por funcionarios civiles y militares contra el ejercicio de los derechos garantizados por la Constitución, por abuso de autoridad y tratos crueles e inhumanos y degradantes.
El presidente Porfirio Lobo Sosa, así como los generales René Osorio Canales, jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerzas Armadas, y Andrés Felipe Díaz, jefe de la Guardia de Honor Presidencial, son objeto de una denuncia presentada el 21 de diciembre de 2011 por quince mujeres periodistas del colectivo “Periodistas por la Vida y la Libertad de Expresión” ante la fiscal especial de Derechos Humanos, Sandra Ponce.
Esto, después de que las denunciantes y unos cincuenta periodistas, defensores de los derechos humanos y representantes de algunos movimientos sociales fueran agredidos de manera violenta durante una manifestación realizada el 13 de diciembre pasado, cuando se encontraban en las inmediaciones de la Casa de Gobierno, en Tegucigalpa.
“Al menos tres razones nos motivan a apoyar esta denuncia colectiva, de la que recibimos una copia. Por una parte, esta denuncia constituye una respuesta legítima a los graves abusos de autoridad cometidos contra personas indefensas.
Por otra parte, la demanda replica una escandalosa propaganda del Estado, que consiste en desacreditar a las víctimas haciéndolas pasar por agresores. ¿Por qué una manifestación precedente de periodistas, organizada cuatro días antes en el mismo lugar, pudo llevarse a cabo sin la mínima confrontación? Finalmente, más allá de lo hechos de los cuales se desprende, esta denuncia colectiva plantea de forma legítima la pregunta de por qué la impunidad perdura en un país que se ha convertido, después de México, en el más mortífero del continente para aquellos que realizan la labor de informar, en particular sobre una situación de los derechos humanos tan alarmante. Nuestra voz se une a la de las denunciantes para exigir a las autoridades hondureñas que se haga justicia”, declaró Reporteros sin Fronteras.
En Honduras han sido asesinados 24 periodistas desde el año 2003, 17 de ellos tan sólo en el periodo que siguió al golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
Agresión a mujeres periodistas que protestaban pacíficamente frente al palacio presidencial
Una protesta pacífica de periodistas, en su mayoría mujeres, convocada por el colectivo “Periodistas por la Vida y la Libertad de Expresión”, fue víctima de la brutalidad de la policía y del ejército en las inmediaciones de la Casa de Gobierno el 13 de diciembre de 2011 en Tegucigalpa. Los manifestantes, que partieron de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, reclamaban justicia por los asesinatos de 24 periodistas ocurridos desde 2003, 17 de ellos durante el periodo que siguió al golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
“Frente a una situación de lo más dramática en lo que respecta a las libertades públicas y a los derechos humanos, el Estado hondureño tiene como única respuesta la represión. Esta actitud muestra su responsabilidad en este contexto y la clara continuidad de la dinámica de persecución emprendida tras el golpe de Estado. La ‘reconciliación nacional’ promovida por el Acuerdo de Cartagena de Indias no es más que palabras huecas. La comunidad internacional y los Estados latinoamericanos deben exigir en 2012 resultados tangibles en las investigaciones sobre las violaciones de los derechos humanos, así como la plena cooperación de las autoridades hondureñas en este aspecto. De otra manera, ante la cercanía de las grandes elecciones de 2013, el país corre de nuevo el riesgo del caos”, declaró Reporteros sin Fronteras.
La protesta del 13 de diciembre responde especialmente al más reciente asesinato de un periodista, por primera vez se trata de una mujer: Luz Marina Paz Villalobos, quien perdió la vida el 6 de diciembre pasado. Como recuerda la organización C-Libre, socia de Reporteros sin Fronteras, los manifestantes también buscaban denunciar los actos de censura y la persecución sistemática que padecen los medios de comunicación alternativos y comunitarios, así como los defensores de los derechos humanos y los representantes de los movimientos sociales. Minado por la violencia política desde el golpe de Estado de 2009, Honduras se encuentra, de manera general, entre los países con los peores niveles de inseguridad a escala mundial debido a los 86 homicidios registrados por cada 100.000 habitantes.
“Logramos mover la barda y avanzamos hasta nuestra meta, lo que llenó de furia a los militares que resguardan la presidencial, que más adelante, frente a la casa de gobierno nos esperaban tras otra barrera metálica. Nos recibieron a empujones, toletazos y lanzaron las bombas tóxicas para desplazarnos”, testimonió ante Reporteros sin Fronteras una de las participantes, precisando que los colegas que participaron en una manifestación precedente, convocada el 9 de diciembre por el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), pudieron realizar su marcha sin la mínima confrontación.
En Honduras, el país más mortífero del continente para el gremio después de México, han sido asesinados cinco periodistas desde el inicio del año; en tres de los casos el crimen está relacionado directamente – o es muy probable que lo esté – con el ejercicio de su profesión.
sábado 4 de febrero de 2012
domingo 13 de noviembre de 2011
¡LLAMAMIENTO URGENTE DE SOLIDARIDAD CON EL MOVIMIENTO CAMPESINO DEL BAJO AGUAN EN HONDURAS
CARTA ABIERTA A LOS PUEBLOS Y GOBIERNOS DE NUESTRA AMÉRICA
Hermanos y hermanas:
Estamos profundamente preocupados y preocupadas por la gravedad que está alcanzando la situación del movimiento campesino del Bajo Aguan, en la región norte de Honduras. Día a día nos llegan nuevas denuncias –algunas desesperadas- sobre crímenes cometidos en su contra. Con una presencia militar y policial además fuertemente intensificada en los últimos tiempos – la misma que es señalada repetidamente por su responsabilidad en la represión – estamos convencidos que es urgente actuar para evitar desenlaces peores.
Especial preocupación nos agobia, por la situación de terror que viven los niños y niñas del Bajo Aguan, ya que sus traumas -generados por la represión y el miedo a los que están permanentemente sometidos - perdurarán y afectarán su vida de manera permanente. Hace algunos días, cuando se iniciaba precisamente el operativo militar Relámpago, un grupo de campesinos y campesinas que venían del cementerio donde visitaron las tumbas de sus familiares y de sus compañeros campesinos caídos en la lucha por la tierra, fueron atacados, resultando algunos asesinados y otros heridos. Los niños y las niñas que les acompañaban fueron testigos de ese brutal ataque.
Por todo esto, levantamos nuestra voz de alerta y solicitamos una pronta y eficaz respuesta de parte de los pueblos, gobiernos e instituciones de nuestra América en defensa de la vida y para sentar las bases para una justa resolución de los conflictos de fondo.
Algunos antecedentes
La gravedad del problema fue denunciada el pasado 24 de octubre, en el marco del 143º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se documentó el incremento de los asesinatos -42 asesinados/as afiliados a organizaciones campesinas entre septiembre del 2009 y octubre del 2011-, persecuciones, amenazas e intimidaciones en contra de unas 3.500 familias campesinas que reclaman su derecho a la tierra y a la alimentación, y se encuentran en total indefensión frente a la criminal represión y saqueo de la oligarquía hondureña, ligada fundamentalmente a la producción de palma aceitera en esa zona y estrechamente vinculada al régimen político instaurado tras el golpe de estado de 2009. A esos asesinatos se agregan los procesos judiciales en contra de más de 160 campesinos -iniciados hasta julio del 2011-, los desalojos forzosos y la destrucción de las viviendas y medios de vida de pueblos enteros.
Según informes y denuncias públicas disponibles, en el país hay más de 600 mil familias que carecen de tierra, sin que exista por parte del Estado hondureño una estrategia agraria para solventar la grave problemática social. El conflicto agrario en Honduras se polariza a raíz de la Ley de Modernización Agrícola del año 1992, que permitió rebalsar los topes existentes en relación a la tenencia de la tierra, dando lugar a enormes plantaciones concentradas, en el Bajo Aguan, en manos de terratenientes como Miguel Facussé, Reynaldo Canales y René Morales Carazo.
En vez de responder por esta situación de violaciones graves y sistemáticas a los derechos económicos, sociales y culturales de la población, el gobierno actual inició la operación conjunta Xatruch II, que desde mediados de agosto desplegó en la zona unos mil efectivos policiales y militares de la Fuerza Naval y del Batallón de Infantería con sede en el Aguan, y el Operativo Relámpago –a partir de noviembre del 2011-, bajo la justificación de “disminuir la ola de asesinatos y secuestros en el país”.
En ese contexto se generan graves y alarmantes denuncias en la zona, que señalan la participación de agentes de la Operación Xatruch II en torturas de campesinos, en el asesoramiento al Ejército y a guardias privadas de los terratenientes, por marines norteamericanos y paramilitares colombianos; así como la presencia de los paramilitares ligados al narcotráfico conocidos como “los zetas” de México.
Irónicamente, mientras la muerte y el terror continúan recorriendo los campos del Bajo Aguan, y el régimen criminaliza la lucha campesina y profundiza la militarización del territorio, su titular Porfirio Lobo asegura que se avanza en el proceso de pacificación y reconciliación del país, logrando así que la Organización de Estados Americanos (OEA) y otras instancias internacionales reincorporaran al Estado de Honduras como miembro activo con plenos derechos. Asimismo dan rienda suelta a los planes ambiciosos de inversión, endeudamiento y ocupación territorial del país a fin de profundizar el saqueo y la depredación. Lejos de alcanzar esa pacificación y reconciliación, el pueblo hondureño sufre los embates de un sistema colapsado.
La Policía Nacional, responsable de proteger a la población de los criminales, está siendo sacudida por la crisis más profunda de su historia, siendo señalada por su incapacidad de perseguir el delito y los delincuentes, sus violaciones a los derechos humanos, y por la vinculación de muchos de sus miembros al tráfico de drogas, al crimen organizado, y al sicariato.
En lugar de acabar con los crímenes que se multiplican por miles cada año -y que ubican a Honduras como uno de los países más violentos del mundo según el Estudio Global sobre Homicidios (2011) de la Oficina de las Naciones Unidas sobre la Droga y el Crimen (UNODC)- la policía hondureña ataca sin piedad a la población, siendo los campesinos del Bajo Aguan algunas de sus víctimas principales, debido a su firmeza en la lucha por la tierra.
Respuestas desatinadas
Ante este panorama, desde la comunidad internacional las respuestas tienden más al agravamiento de los conflictos que su resolución. Amén de la plena reincorporación de Honduras a la Organización de Estados Americanos, ignorando la ola represiva desatada y la indefensión jurídica que emanan del colapso del sistema jurídico y la impunidad reinante, los EE.UU. han incrementado notoriamente su presencia, entrenamientos y gastos militares en el país, abriendo incluso tres nuevas bases militares en el período posterior al golpe de 2009.
A partir de junio de este año y con la concurrencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, los EE.UU. y otros, bajo la justificación de una nueva Iniciativa Regional Centroamericana de Seguridad que se supone indicada para mejorar el combate al narcotráfico y otras formas de crimen organizado, se está consolidando un fuerte respaldo y aprovisionamiento justamente a los sectores más implicados en el mismo. Esta nueva transnacionalización de un muy particular concepto de seguridad, siempre bajo el dominio de EE.UU., ya tiene muchos antecedentes en el país y la región, incluyendo el “capítulo de seguridad” incorporado al NAFTA cuyos resultados en México están a la vista. Tampoco pueden ignorarse sus vínculos con las políticas de inversión, endeudamiento y control territorial que en el Bajo Aguan y las zonas costeras Garífunas, entre otras partes de Honduras, buscan imponer sus proyectos de saqueo reverdecidos - “energía renovable”, “reforestación ecológica” y “turismo sustentable” - por sobre la resistencia de las poblaciones cuyas posibilidades de vida se ven cada vez más violentadas.
Nuestra solicitud
Por estas razones:
- Nos dirigimos a los presidentes y presidentas latinoamericanos y caribeños, entre ellos a quienes han aprobado el reingreso de Honduras a la OEA, para:
•
Pedirles que sus gobiernos se hagan presentes en el Bajo Aguan, nombrando a un representante de sus embajadas para que se apersonen en la región, y hagan los esfuerzos que se requieran para detener la sistemática agresión y asesinatos contra los campesinos y campesinas.
•
Pedirles que suspendan toda ayuda financiera al gobierno, especialmente la destinada a las Secretarías de Defensa y Seguridad Pública. Que se suspenda toda cooperación internacional dirigida a fortalecer al Ejército, la Policía Nacional y a sostener la intervención extranjera, sea ésta en calidad de préstamo o de donación.
- Nos dirigimos a la Organización de Estados Americanos, para pedir que proceda con urgencia a nombrar una Comisión de Verificación de la situación del Bajo Aguan, con apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
- Nos dirigimos a la Organización de las Naciones Unidas, para solicitar que envíe Relatores Especiales al país para constatar las denuncias de las poblaciones afectadas en el lugar de los hechos.
- Nos dirigimos a las Instituciones Financieras Internacionales, a los inversores y llamados “donantes” internacionales, para que suspendan toda operación que afecta la zona, hasta tanto su necesidad y legitimidad sean comprobadas desde la perspectiva de los derechos de las comunidades afectadas.
-Nos dirigimos a las autoridades hondureñas, para exigir que respeten los compromisos asumidos frente a la comunidad internacional de:
1) Velar por los derechos humanos:
•
Dando protección a las personas y comunidades en riesgo.
•
Investigando y sancionando los crímenes cometidos y castigando a sus responsables.
•
Terminando con la criminalización de los movimientos campesinos y con la impunidad de la que gozan los grandes terratenientes.
2) Avanzar desde el Estado hacia la solución de la grave problemática agraria que afecta al campesinado hondureño:
•
Deteniendo los desalojos forzosos.
•
Garantizando el derecho a la tierra, a la educación, a la salud, a la vivienda, de los y las campesinas organizadas.
•
Impidiendo el avance de la agroindustria por sobre la soberanía alimentaria y la concesión y entrega del territorio y del patrimonio natural sin la obligatoria consulta previa e informada de los afectados.
3) Desmilitarización de la región:
•
Suspender los operativos militares.
•
Poner fin a la presencia militar extranjera.
- Finalmente, nos dirigimos a los pueblos del continente para que se mantengan en alerta frente a la situación de grave peligro que se presenta en Honduras y especialmente en la zona del Bajo Aguan y activen la solidaridad, participando de las distintas iniciativas de las organizaciones populares de la región, como el Observatorio Internacional de Derechos Humanos para el Aguan y las brigadas solidarias.
¡Es Urgente Detener la Masacre en el Bajo Aguan!
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz - Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora
Jubileo Sur/Américas - Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas, COMPA - Espacio Refundacional-Honduras - Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH - Organización Fraternal Negra de Honduras OFRANEH - Rights Action/Derechos en Acción - Colectivo Italia Centro America CICA - Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía de Argentina (primeras firmas)
-11 de noviembre de 2011
Hermanos y hermanas:
Estamos profundamente preocupados y preocupadas por la gravedad que está alcanzando la situación del movimiento campesino del Bajo Aguan, en la región norte de Honduras. Día a día nos llegan nuevas denuncias –algunas desesperadas- sobre crímenes cometidos en su contra. Con una presencia militar y policial además fuertemente intensificada en los últimos tiempos – la misma que es señalada repetidamente por su responsabilidad en la represión – estamos convencidos que es urgente actuar para evitar desenlaces peores.
Especial preocupación nos agobia, por la situación de terror que viven los niños y niñas del Bajo Aguan, ya que sus traumas -generados por la represión y el miedo a los que están permanentemente sometidos - perdurarán y afectarán su vida de manera permanente. Hace algunos días, cuando se iniciaba precisamente el operativo militar Relámpago, un grupo de campesinos y campesinas que venían del cementerio donde visitaron las tumbas de sus familiares y de sus compañeros campesinos caídos en la lucha por la tierra, fueron atacados, resultando algunos asesinados y otros heridos. Los niños y las niñas que les acompañaban fueron testigos de ese brutal ataque.
Por todo esto, levantamos nuestra voz de alerta y solicitamos una pronta y eficaz respuesta de parte de los pueblos, gobiernos e instituciones de nuestra América en defensa de la vida y para sentar las bases para una justa resolución de los conflictos de fondo.
Algunos antecedentes
La gravedad del problema fue denunciada el pasado 24 de octubre, en el marco del 143º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se documentó el incremento de los asesinatos -42 asesinados/as afiliados a organizaciones campesinas entre septiembre del 2009 y octubre del 2011-, persecuciones, amenazas e intimidaciones en contra de unas 3.500 familias campesinas que reclaman su derecho a la tierra y a la alimentación, y se encuentran en total indefensión frente a la criminal represión y saqueo de la oligarquía hondureña, ligada fundamentalmente a la producción de palma aceitera en esa zona y estrechamente vinculada al régimen político instaurado tras el golpe de estado de 2009. A esos asesinatos se agregan los procesos judiciales en contra de más de 160 campesinos -iniciados hasta julio del 2011-, los desalojos forzosos y la destrucción de las viviendas y medios de vida de pueblos enteros.
Según informes y denuncias públicas disponibles, en el país hay más de 600 mil familias que carecen de tierra, sin que exista por parte del Estado hondureño una estrategia agraria para solventar la grave problemática social. El conflicto agrario en Honduras se polariza a raíz de la Ley de Modernización Agrícola del año 1992, que permitió rebalsar los topes existentes en relación a la tenencia de la tierra, dando lugar a enormes plantaciones concentradas, en el Bajo Aguan, en manos de terratenientes como Miguel Facussé, Reynaldo Canales y René Morales Carazo.
En vez de responder por esta situación de violaciones graves y sistemáticas a los derechos económicos, sociales y culturales de la población, el gobierno actual inició la operación conjunta Xatruch II, que desde mediados de agosto desplegó en la zona unos mil efectivos policiales y militares de la Fuerza Naval y del Batallón de Infantería con sede en el Aguan, y el Operativo Relámpago –a partir de noviembre del 2011-, bajo la justificación de “disminuir la ola de asesinatos y secuestros en el país”.
En ese contexto se generan graves y alarmantes denuncias en la zona, que señalan la participación de agentes de la Operación Xatruch II en torturas de campesinos, en el asesoramiento al Ejército y a guardias privadas de los terratenientes, por marines norteamericanos y paramilitares colombianos; así como la presencia de los paramilitares ligados al narcotráfico conocidos como “los zetas” de México.
Irónicamente, mientras la muerte y el terror continúan recorriendo los campos del Bajo Aguan, y el régimen criminaliza la lucha campesina y profundiza la militarización del territorio, su titular Porfirio Lobo asegura que se avanza en el proceso de pacificación y reconciliación del país, logrando así que la Organización de Estados Americanos (OEA) y otras instancias internacionales reincorporaran al Estado de Honduras como miembro activo con plenos derechos. Asimismo dan rienda suelta a los planes ambiciosos de inversión, endeudamiento y ocupación territorial del país a fin de profundizar el saqueo y la depredación. Lejos de alcanzar esa pacificación y reconciliación, el pueblo hondureño sufre los embates de un sistema colapsado.
La Policía Nacional, responsable de proteger a la población de los criminales, está siendo sacudida por la crisis más profunda de su historia, siendo señalada por su incapacidad de perseguir el delito y los delincuentes, sus violaciones a los derechos humanos, y por la vinculación de muchos de sus miembros al tráfico de drogas, al crimen organizado, y al sicariato.
En lugar de acabar con los crímenes que se multiplican por miles cada año -y que ubican a Honduras como uno de los países más violentos del mundo según el Estudio Global sobre Homicidios (2011) de la Oficina de las Naciones Unidas sobre la Droga y el Crimen (UNODC)- la policía hondureña ataca sin piedad a la población, siendo los campesinos del Bajo Aguan algunas de sus víctimas principales, debido a su firmeza en la lucha por la tierra.
Respuestas desatinadas
Ante este panorama, desde la comunidad internacional las respuestas tienden más al agravamiento de los conflictos que su resolución. Amén de la plena reincorporación de Honduras a la Organización de Estados Americanos, ignorando la ola represiva desatada y la indefensión jurídica que emanan del colapso del sistema jurídico y la impunidad reinante, los EE.UU. han incrementado notoriamente su presencia, entrenamientos y gastos militares en el país, abriendo incluso tres nuevas bases militares en el período posterior al golpe de 2009.
A partir de junio de este año y con la concurrencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, los EE.UU. y otros, bajo la justificación de una nueva Iniciativa Regional Centroamericana de Seguridad que se supone indicada para mejorar el combate al narcotráfico y otras formas de crimen organizado, se está consolidando un fuerte respaldo y aprovisionamiento justamente a los sectores más implicados en el mismo. Esta nueva transnacionalización de un muy particular concepto de seguridad, siempre bajo el dominio de EE.UU., ya tiene muchos antecedentes en el país y la región, incluyendo el “capítulo de seguridad” incorporado al NAFTA cuyos resultados en México están a la vista. Tampoco pueden ignorarse sus vínculos con las políticas de inversión, endeudamiento y control territorial que en el Bajo Aguan y las zonas costeras Garífunas, entre otras partes de Honduras, buscan imponer sus proyectos de saqueo reverdecidos - “energía renovable”, “reforestación ecológica” y “turismo sustentable” - por sobre la resistencia de las poblaciones cuyas posibilidades de vida se ven cada vez más violentadas.
Nuestra solicitud
Por estas razones:
- Nos dirigimos a los presidentes y presidentas latinoamericanos y caribeños, entre ellos a quienes han aprobado el reingreso de Honduras a la OEA, para:
•
Pedirles que sus gobiernos se hagan presentes en el Bajo Aguan, nombrando a un representante de sus embajadas para que se apersonen en la región, y hagan los esfuerzos que se requieran para detener la sistemática agresión y asesinatos contra los campesinos y campesinas.
•
Pedirles que suspendan toda ayuda financiera al gobierno, especialmente la destinada a las Secretarías de Defensa y Seguridad Pública. Que se suspenda toda cooperación internacional dirigida a fortalecer al Ejército, la Policía Nacional y a sostener la intervención extranjera, sea ésta en calidad de préstamo o de donación.
- Nos dirigimos a la Organización de Estados Americanos, para pedir que proceda con urgencia a nombrar una Comisión de Verificación de la situación del Bajo Aguan, con apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
- Nos dirigimos a la Organización de las Naciones Unidas, para solicitar que envíe Relatores Especiales al país para constatar las denuncias de las poblaciones afectadas en el lugar de los hechos.
- Nos dirigimos a las Instituciones Financieras Internacionales, a los inversores y llamados “donantes” internacionales, para que suspendan toda operación que afecta la zona, hasta tanto su necesidad y legitimidad sean comprobadas desde la perspectiva de los derechos de las comunidades afectadas.
-Nos dirigimos a las autoridades hondureñas, para exigir que respeten los compromisos asumidos frente a la comunidad internacional de:
1) Velar por los derechos humanos:
•
Dando protección a las personas y comunidades en riesgo.
•
Investigando y sancionando los crímenes cometidos y castigando a sus responsables.
•
Terminando con la criminalización de los movimientos campesinos y con la impunidad de la que gozan los grandes terratenientes.
2) Avanzar desde el Estado hacia la solución de la grave problemática agraria que afecta al campesinado hondureño:
•
Deteniendo los desalojos forzosos.
•
Garantizando el derecho a la tierra, a la educación, a la salud, a la vivienda, de los y las campesinas organizadas.
•
Impidiendo el avance de la agroindustria por sobre la soberanía alimentaria y la concesión y entrega del territorio y del patrimonio natural sin la obligatoria consulta previa e informada de los afectados.
3) Desmilitarización de la región:
•
Suspender los operativos militares.
•
Poner fin a la presencia militar extranjera.
- Finalmente, nos dirigimos a los pueblos del continente para que se mantengan en alerta frente a la situación de grave peligro que se presenta en Honduras y especialmente en la zona del Bajo Aguan y activen la solidaridad, participando de las distintas iniciativas de las organizaciones populares de la región, como el Observatorio Internacional de Derechos Humanos para el Aguan y las brigadas solidarias.
¡Es Urgente Detener la Masacre en el Bajo Aguan!
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz - Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora
Jubileo Sur/Américas - Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas, COMPA - Espacio Refundacional-Honduras - Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH - Organización Fraternal Negra de Honduras OFRANEH - Rights Action/Derechos en Acción - Colectivo Italia Centro America CICA - Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía de Argentina (primeras firmas)
-11 de noviembre de 2011
jueves 20 de octubre de 2011
Ensamble de mujeres artistas contra la militarización
Música: Karla Lara, Astrid Velásquez, Miriam Manzanares, Sarai Garay, Kimberly Maradiaga, María Fernanda Medina.
Poetas: Melissa Cardoza, Jessica Sánchez y Mayra Oyuela
Actriz e intérprete de poesía: Susan Arteaga
En este día del y la Artista en Resistencia contra la militarización, un grupo de mujeres artistas desplegarán sus energías y creatividad desde diferentes propuestas unidas por el poderoso hilo de la lucha de las mujeres y las feministas. Junto a ellas, sus voces y ritmos, les invitamos a soñar ese lugar que nos corresponde: nuestros cuerpos, nuestros territorios, nuestra matria sin violencia y sin guerra.
En el repertorio musical se incluye una propuesta producida colectivamente por SEREMEI mujeres en la música, que integra las voces de mujeres de los diferentes pueblos originarios de Honduras que en sus propios idiomas miskito, pech, tawahka, maya chortìs, garífuna y tolupan expresan el sentir colectivo nombre de esta campaña: Quiero en el mundo el lugar que me corresponde.
Desde nosotras un especial reconocimiento y agradecimiento a cada una de las personas que de una u otra manera han contribuido a que este evento sea una realidad, especialmente a las mujeres de los pueblos pech, garífunas, miskito, maya chortí, tawahka que nombraron para las otras mujeres de sus pueblos, la consigna que hoy nos une en una sola voz.
Esta función forma parte de las actividades de la Campaña por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Quiero en el mundo el lugar que me corresponde" promovida por el Centro de Estudios de la Mujer con el Apoyo del Centro Cooperativo Sueco.
lunes 17 de octubre de 2011
PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO
Nosotras Mujeres Miembras del Espacio Político “Voces de Mujeres Feministas” integrado por APOMUH, CODIMCA, CODEMUH, Y Programa de la Mujer de la Coordinadora de Sindicatos Bananeros y del Agro Industria COSIBAH, ante el incremento de los crímenes de odio en contra de las mujeres emite el siguiente pronunciamiento:
A pesar que desde el año 2003 el movimiento feminista, especialmente las instancias que conforma el colectivo de mujeres contra la violencia, alarmadas por la incidencia de femicidios en el país, organizaron y ejecutaron acciones diversas, entre ellas, lanzaron la campaña nombrada “Ni Una Muerta Más, Las Asesinadas Tienen Nombre, Sus Asesinos También, ALTO A LA IMPUNIDAD”. Con dichas acciones se logra que en 2004 se presentara una moción para que se nombre una comisión de seguimiento a los femicidios, la que no obtuvo relevancia, ya que le fue asignada la responsabilidad a la Comisión de la mujer del Congreso Nacional la que no rindió ningún informe sobre sobre su gestión.
A principios del año 2005 el CEM-H, el Colectivo contra la Violencia, la Comisión de la Mujer del Congreso Nacional, el Instituto Nacional de la Mujer, de la Comisión Interamericana de la Mujer y del PNUD, después de haber participado en un encuentro sobre femicidios en la ciudad de México, formaron la Comisión Interinstitucional de femicidios pero ésta solamente se reunió tres veces y se desintegro.
A principios del 2006 el Comisionado de Derechos Humanos convoco a una reunión a las diferentes instancias y organizaciones de Mujeres de cara a un informe regional centroamericano sobre femicidios, que las instancias de los Comisionados en cada uno de los países debían levantar, por esta razón y a petición de las organizaciones de Mujeres se reactiva la Comisión Interinstitucional de Femicidios.
A pesar de que dicha Comisión era un espacio de incidencia política, debate, reflexión y análisis sobre la problemática de femicidios en Honduras orientado a la elaboración y de negociación de propuestas y de creación de políticas públicas que prevengan y sancionen la violencia contra las mujeres por razones de género. En el 2006 a solicitud del Colectivo de mujeres Contra la Violencia la diputada Doris Gutierrez presentó una moción al Congreso Nacional para que se conformara una Comisión de alto nivel para la investigación de femicidios en Honduras. (Boletín de CEM-H).
El Espacio Político “Voces de Mujeres Feministas” analiza y resalta con mucha preocupación que a pesar de la lucha sistemática de las organizaciones feministas y organizaciones de mujeres en contra de la violencia por su condición de género, la situación es cada día peor, Es sumamente alarmante el incremento de los índices de feminicios en el país, tanto en gobiernos anteriores y mucho más ahora bajo del régimen de Porfirio Lobo Sosa que muestra total indiferencia y falta de compromiso para hacer que las instancias Estatales responsables de definir políticas públicas que garanticen la investigación de los feminicidios, de castigar a los responsables y de aplicar justicia a favor de las mujeres, para prevenir que continúen los crímenes de odio en contra de las mujeres. El nivel de impunidad crece cada día más y con ella también se incrementan los asesinatos de mujeres.
Denunciamos y condenamos la actitud irresponsable de las instancias Estatales encargadas de investigar y aplicar justicia para asegurar la vida de las mujeres, ya que en vez de cumplir con su papel se dedican a dar cifras de femicidios y a especular, con argumentos que más bien justifican los asesinatos de mujeres, relacionándolos con el crimen organizado, con el narco tráfico y con muertes pasionales, sin reconocer que los crímenes de odio tienen relación directa con el hecho de ser mujeres, es decir que se trata de violencia sexista, patriarcal que cosifica los cuerpos de las mujeres y que convierte a los derechos sexuales de las mujeres en un alto riesgo y que ejercerlos puede costarle la vida.
Lic. Porfirio Lobo Sosa, las Mujeres no somos cifras, somos seres humanas, ciudadanas que damos a este país, riqueza, vida, sabiduría, amor, afectividad, trabajo, usted debe saber que sí las mujeres decidimos declararnos una semana en huelga de brazos caídos Honduras se hunde. Por lo tanto Exigimos investigue los feminicidios y castigo a los asesinos. Que nos dejen decidir sobre nuestro cuerpo, relacionarnos con quienes nos de la gana y disfrutar con autonomía, sin que por ello su régimen nos criminalice.
Las Feministas Exigimos Justicia, ALTO a la IMPUNIDAD
Choloma Cortés 11 de Octubre de 2011
A pesar que desde el año 2003 el movimiento feminista, especialmente las instancias que conforma el colectivo de mujeres contra la violencia, alarmadas por la incidencia de femicidios en el país, organizaron y ejecutaron acciones diversas, entre ellas, lanzaron la campaña nombrada “Ni Una Muerta Más, Las Asesinadas Tienen Nombre, Sus Asesinos También, ALTO A LA IMPUNIDAD”. Con dichas acciones se logra que en 2004 se presentara una moción para que se nombre una comisión de seguimiento a los femicidios, la que no obtuvo relevancia, ya que le fue asignada la responsabilidad a la Comisión de la mujer del Congreso Nacional la que no rindió ningún informe sobre sobre su gestión.
A principios del año 2005 el CEM-H, el Colectivo contra la Violencia, la Comisión de la Mujer del Congreso Nacional, el Instituto Nacional de la Mujer, de la Comisión Interamericana de la Mujer y del PNUD, después de haber participado en un encuentro sobre femicidios en la ciudad de México, formaron la Comisión Interinstitucional de femicidios pero ésta solamente se reunió tres veces y se desintegro.
A principios del 2006 el Comisionado de Derechos Humanos convoco a una reunión a las diferentes instancias y organizaciones de Mujeres de cara a un informe regional centroamericano sobre femicidios, que las instancias de los Comisionados en cada uno de los países debían levantar, por esta razón y a petición de las organizaciones de Mujeres se reactiva la Comisión Interinstitucional de Femicidios.
A pesar de que dicha Comisión era un espacio de incidencia política, debate, reflexión y análisis sobre la problemática de femicidios en Honduras orientado a la elaboración y de negociación de propuestas y de creación de políticas públicas que prevengan y sancionen la violencia contra las mujeres por razones de género. En el 2006 a solicitud del Colectivo de mujeres Contra la Violencia la diputada Doris Gutierrez presentó una moción al Congreso Nacional para que se conformara una Comisión de alto nivel para la investigación de femicidios en Honduras. (Boletín de CEM-H).
El Espacio Político “Voces de Mujeres Feministas” analiza y resalta con mucha preocupación que a pesar de la lucha sistemática de las organizaciones feministas y organizaciones de mujeres en contra de la violencia por su condición de género, la situación es cada día peor, Es sumamente alarmante el incremento de los índices de feminicios en el país, tanto en gobiernos anteriores y mucho más ahora bajo del régimen de Porfirio Lobo Sosa que muestra total indiferencia y falta de compromiso para hacer que las instancias Estatales responsables de definir políticas públicas que garanticen la investigación de los feminicidios, de castigar a los responsables y de aplicar justicia a favor de las mujeres, para prevenir que continúen los crímenes de odio en contra de las mujeres. El nivel de impunidad crece cada día más y con ella también se incrementan los asesinatos de mujeres.
Denunciamos y condenamos la actitud irresponsable de las instancias Estatales encargadas de investigar y aplicar justicia para asegurar la vida de las mujeres, ya que en vez de cumplir con su papel se dedican a dar cifras de femicidios y a especular, con argumentos que más bien justifican los asesinatos de mujeres, relacionándolos con el crimen organizado, con el narco tráfico y con muertes pasionales, sin reconocer que los crímenes de odio tienen relación directa con el hecho de ser mujeres, es decir que se trata de violencia sexista, patriarcal que cosifica los cuerpos de las mujeres y que convierte a los derechos sexuales de las mujeres en un alto riesgo y que ejercerlos puede costarle la vida.
Lic. Porfirio Lobo Sosa, las Mujeres no somos cifras, somos seres humanas, ciudadanas que damos a este país, riqueza, vida, sabiduría, amor, afectividad, trabajo, usted debe saber que sí las mujeres decidimos declararnos una semana en huelga de brazos caídos Honduras se hunde. Por lo tanto Exigimos investigue los feminicidios y castigo a los asesinos. Que nos dejen decidir sobre nuestro cuerpo, relacionarnos con quienes nos de la gana y disfrutar con autonomía, sin que por ello su régimen nos criminalice.
Las Feministas Exigimos Justicia, ALTO a la IMPUNIDAD
Choloma Cortés 11 de Octubre de 2011
martes 4 de octubre de 2011
martes 9 de agosto de 2011
COMUNICADO
Tegucigalpa, 1 de agosto 2011
Sra. Abogada Sandra Ponce
Fiscal Especial de Derechos Humanos
Presente.
Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestra preocupación y exigimos la inmediata investigación sobre las 11 (once) muertes maternas ocurridas en El Hospital Materno Infantil en Tegucigalpa, M.D.C, en un período de 15 días a partir del 12 de julio del corriente, reclamando que se hagan de conocimiento público los resultados de las autopsias para conocer las causas de las muertes de las mujeres, en su mayoría jóvenes.
La gravedad de los hechos no ha tenido la respuesta esperada de parte de las autoridades competentes. Por el contrario, en los medios de comunicación, las autoridades de salud han tratado de desviar la atención sobre este excesivo incremento del número de muertes maternas en tan corto período. Se han expresado argumentos sobre la posible contaminación de los hospitales y el estado de salud descompensado de las pacientes sin dar a conocer el resultado de las autopsias.
De acuerdo a información que recabamos solamente 2 (dos) de las pacientes presentaban un estado de salud descompensado al momento del parto, no así las otras 9 (nueve), que también fallecieron.
Por lo tanto, demandamos una investigación seria y expedita sobre estos hechos, que involucre a las más altas autoridades de salud, incluyendo las Direcciones de los hospitales y al Ministro de Salud, donde se explique qué pasó y cuáles fueron las causas de esas muertes, cuál era el estado de salud y el tipo de control que se llevó de cada paciente desde el momento que ingresaron al hospital hasta su fallecimiento, más toda la investigación que se requiera para determinar si hubo mala práctica y negligencia como causal de estas muertes maternas, que en tal caso constituirían “crímenes de estado”.
Exigimos un proceso de investigación exhaustivo tomando en cuenta todas las herramientas y protocolos necesarios, incluidas la autopsia y la declaración verbal a parientes, así como el personal que atendió a dichas mujeres; con la participación de entidades técnicas imparciales, distintas a la Secretaría de Salud, como OPS, ONU Mujeres y UNFPA, entre otras.
El Estado de Honduras está comprometido en el logro de los Objetivos y Metas del Milenio, donde la reducción de la mortalidad materna es uno de esos objetivos fundamentales. Exigimos que todas las instancias del estado asuman la responsabilidad que les compete en el esclarecimiento de estas muertes maternas.
Organizaciones firmantes:
Feministas en Resistencia (FER),
Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H)
CATTRACHAS
Centro de Derechos de Mujeres (CDM)
Comité Latinoamericano de Derechos de las Mujeres-Honduras- CLADEM
Red de Mujeres de la colonia Ramón Amaya Amador
Asociación de Mujeres Socialistas “Las Lolas”
Red de Mujeres de Ojojona
Red de Mujeres de Santa Ana
Feministas independientes
Mesoamericanas en resistencia-Honduras
Red de Mujeres del Aguán
Red de Mujeres Olanchito-Yoro
Red de mujeres contra la violencia- Intibucá
cc. OPS/OMS,
Secretaría de Derechos Humanos
Fiscalía de La Mujer
INAM
Sra. Abogada Sandra Ponce
Fiscal Especial de Derechos Humanos
Presente.
Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestra preocupación y exigimos la inmediata investigación sobre las 11 (once) muertes maternas ocurridas en El Hospital Materno Infantil en Tegucigalpa, M.D.C, en un período de 15 días a partir del 12 de julio del corriente, reclamando que se hagan de conocimiento público los resultados de las autopsias para conocer las causas de las muertes de las mujeres, en su mayoría jóvenes.
La gravedad de los hechos no ha tenido la respuesta esperada de parte de las autoridades competentes. Por el contrario, en los medios de comunicación, las autoridades de salud han tratado de desviar la atención sobre este excesivo incremento del número de muertes maternas en tan corto período. Se han expresado argumentos sobre la posible contaminación de los hospitales y el estado de salud descompensado de las pacientes sin dar a conocer el resultado de las autopsias.
De acuerdo a información que recabamos solamente 2 (dos) de las pacientes presentaban un estado de salud descompensado al momento del parto, no así las otras 9 (nueve), que también fallecieron.
Por lo tanto, demandamos una investigación seria y expedita sobre estos hechos, que involucre a las más altas autoridades de salud, incluyendo las Direcciones de los hospitales y al Ministro de Salud, donde se explique qué pasó y cuáles fueron las causas de esas muertes, cuál era el estado de salud y el tipo de control que se llevó de cada paciente desde el momento que ingresaron al hospital hasta su fallecimiento, más toda la investigación que se requiera para determinar si hubo mala práctica y negligencia como causal de estas muertes maternas, que en tal caso constituirían “crímenes de estado”.
Exigimos un proceso de investigación exhaustivo tomando en cuenta todas las herramientas y protocolos necesarios, incluidas la autopsia y la declaración verbal a parientes, así como el personal que atendió a dichas mujeres; con la participación de entidades técnicas imparciales, distintas a la Secretaría de Salud, como OPS, ONU Mujeres y UNFPA, entre otras.
El Estado de Honduras está comprometido en el logro de los Objetivos y Metas del Milenio, donde la reducción de la mortalidad materna es uno de esos objetivos fundamentales. Exigimos que todas las instancias del estado asuman la responsabilidad que les compete en el esclarecimiento de estas muertes maternas.
Organizaciones firmantes:
Feministas en Resistencia (FER),
Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H)
CATTRACHAS
Centro de Derechos de Mujeres (CDM)
Comité Latinoamericano de Derechos de las Mujeres-Honduras- CLADEM
Red de Mujeres de la colonia Ramón Amaya Amador
Asociación de Mujeres Socialistas “Las Lolas”
Red de Mujeres de Ojojona
Red de Mujeres de Santa Ana
Feministas independientes
Mesoamericanas en resistencia-Honduras
Red de Mujeres del Aguán
Red de Mujeres Olanchito-Yoro
Red de mujeres contra la violencia- Intibucá
cc. OPS/OMS,
Secretaría de Derechos Humanos
Fiscalía de La Mujer
INAM
miércoles 20 de julio de 2011
Entrevista a Mirta Kennedy, feminista integrante de la Resistencia en Honduras
"El Gobierno golpista aprovechó el caos para implantar duras medidas neoliberales"
María José Esteso Poves
Diagonal
El pasado el 28 de junio se cumplieron dos años del golpe de Estado llevado a cabo en Honduras. La feminista Mirta Kennedy explica que la represión del Gobierno golpista continúa, al mismo tiempo que se intensifican las movilizaciones en las calles, y denuncia las medidas neoliberales que han entregado los recursos naturales del país a la oligarquía y las multinacionales.
Dos años de represión y movilizaciones en Honduras
DIAGONAL: ¿Cuál ha sido el papel de las mujeres en estos dos años de resistencia en Honduras?
MIRTA KENNEDY: Las mujeres han tenido un papel protagonista. Cuando la gente se entera del golpe de Estado en Honduras, el 28 de junio de 2009, todo el pueblo hondureño se echa a la calle. Allí, en medio de la depresión, con la policía desplegada, surge Feministas en Resistencia, una plataforma de organizaciones y personas independientes que empezamos a trabajar contra el golpe y nos integramos en el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).
D.: Durante este tiempo no han cejado en la movilización contra los golpistas.
M.K.: El FNRP, formado por movimientos sociales, sindicatos, cooperativas, partidos políticos de izquierda, artistas, pueblos indígenas y negros, sindicatos, centrales campesinas y también feministas, ha participado en todo el proceso de resistencia. Primero, en los 100 días en la calle, donde la gente se manifestó, desde el primer día del golpe y los 99 siguientes en Tegucigalpa, ante el Congreso, la Corte Suprema y después en los barrios. Se recorrieron las barriadas, territorios tomados por grupos de maras y narcos, donde nadie entraba y sin embargo, a nuestra llegada la gente de los barrios se unió para protestar. En esos días aprendimos que la violencia siempre viene de un lado, de la policía, de las fuerzas de seguridad del Estado.
Además, las feministas llevamos a cabo acciones contra la violencia de género y hemos trabajado temas de igualdad dentro del Frente, aunque nuestra prioridad, como la del FNRP, es la vuelta a la democracia, el regreso del presidente electo Manuel Zelaya, que ya está en el país, la restitución del orden constitucional, el respeto a los derechos humanos y una nueva Asamblea Constituyente.
D.: ¿Cómo se ha preparado la vuelta del presidente Manuel Zelaya?
M.K.: La vuelta de Zelaya es una demanda que surge el mismo día del golpe. El presidente elegido por el pueblo fue sacado violentamente del país y enviado al exilio con su gabinete. Él intentó regresar varias veces, primero acompañado por el secretario de la Organización de Estados Americanos, pero en el aeropuerto de Tocontín, con millones de personas en la calle esperándole, las fuerzas de seguridad tomaron el avión y se desató la represión. Pensamos que los militares no iban a atacar, eran tantas las personas que éstas podían haber aplastado a la policía. Pero pusieron francotiradores y asesinaron a un adolescente de 16 años, Isis Obed Murillo, que estaba subido a un mástil. Después Zelaya intentó entrar por la frontera de Nicaragua, también ahí se produjo una movilización histórica, un millón de personas esperaban a Zelaya. Aún no se sabe cuánta gente fue asesinada allí.
En un tercer intento, Zelaya entró de forma clandestina por la frontera de El Salvador y se refugió en la embajada de Brasil. Permaneció en ella varios meses y cientos de personas rodearon todos los días la embajada en apoyo al presidente. Pero la represión fue brutal y la policía roció con gases a los manifestantes e incluso lanzó gases dentro de la embajada. Zelaya tuvo que volver a salir. Ese fue un periodo muy duro para nosotros porque ahí se sintió la derrota, que el golpismo no tenía freno.
Las elecciones de noviembre de 2009 fueron días terribles, se cometieron todo tipo de atropellos, se llevaban a la gente y la golpeaban hasta quebrarle las manos y los pies, como hicieron con dirigentes, diputados, gente de izquierda, etc. A las mujeres las raptaban de las marchas y las golpeaban en los senos y las piernas. Muchas fueron violadas con las porras de la policía y otras sufrieron violaciones múltiples en comisaría.
D.: El presidente Lobo afirma ahora que quiere la reconciliación del país.
M.K.: Las elecciones bajo el golpismo fueron reconocidas por EE UU, Canadá y Japón, y tres gobiernos más. Porfirio Lobo, aunque no era la cara más visible, se mantuvo fiel al golpe. Su Gobierno es de continuidad con el golpismo. Ahora promete un proceso de reconciliación porque la situación económica del país es crítica, no tiene financiación internacional y quiere lavar su imagen.
Preparan una ley de amnistía, los mismos que dieron el golpe se van a perdonar a sí mismos. Lobo también necesita dinero porque ha habido un gasto importante en equipos militares modernos, armas llegadas de EE UU por Perú, para reprimir a la población que sigue tomando la calle. Estos dos años la movilización no ha parado, tampoco la represión.
D.: La oligarquía ha salido reforzada tras la llegada de los militares.
M.K.: Sí. Los primeros días fueron jornadas muy tensas porque el Gobierno golpista aprovechó la crisis y el caos generado por el golpe para aprobar una serie de medidas económicas neoliberales. Entre ellas, la concesión de recursos naturales a empresas trasnacionales y a empresarios hondureños. Ahí arranca el conflicto en El Aguán, la zona nororiental, que había sido un lugar de reforma agraria, con la ley de 2002. Con amenazas, los empresarios han logrado que las tierras sean privatizadas, terrenos que nunca fueron privados. Los campesinos respondieron ocupando esas tierras y el Gobierno ha militarizado la región.
En lo que va de año han sido asesinados 40 campesinos. También se han desatado los conflictos por el agua; quieren construir presas allí donde exista un salto de agua para producir electricidad. Pero lo mismo ocurre con las tierras que cuentan con recursos mineros.Todo esto en zonas pobres o indígenas, se les arrebata la tierra y se privatiza, como en la Bahía de Tela, donde quieren reactivar un proyecto turístico que supondrá la destrucción del entorno.
D.: ¿Cómo ha vivido estos 24 meses de represión?
M.K.: Se vive con angustia, con muchas pérdidas de vidas. Pero al mismo tiempo, la respuesta al golpe ha despertado en Honduras la esperanza de una refundación del país que no se había dado desde 1954. Nuestro país ha tenido en su historia algunos hitos de conquistas sociales importantes: en 1954 la huelga bananera, en los ‘60 el movimiento campesino, otros en los ‘70 y los ‘80 y ahora un gran movimiento social que es muy esperanzador, como el 15M en el Estado español. Yo diría que frente a la muerte, la persecución, la precariedad de la vida, la ocupación de los territorios, todo un escenario de guerra... la gente ha aprendido a construir mecanismos para autoprotegerse, inventaron máscaras contra los gases con botellas de plástico, llevan baldes de agua para poder desactivar rápidamente las bombas. El pueblo hondureño ha respondido con la movilización y encuentra en la organización popular una oportunidad que no había encontrado antes.
Es una respuesta cotidiana, permanente, entusiasta y creativa.
Aun en condiciones de extrema represión, las marchas han generado toda una cultura de la resistencia, incluso una economía de la resistencia. A ellas acuden los vendedores de tortillas, los del CD con música de la resistencia, el heladero que ha instalado retrovisores al carrito y avisa si viene la policía, la abuela, el niño de la resistencia, los vendedores de toallitas con vinagre que dicen: “compra tu toallita que viene la represión [la policía] para que los gases no te hagan mal”.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/El-Gobierno-golpista-aprovecho-el.html
María José Esteso Poves
Diagonal
El pasado el 28 de junio se cumplieron dos años del golpe de Estado llevado a cabo en Honduras. La feminista Mirta Kennedy explica que la represión del Gobierno golpista continúa, al mismo tiempo que se intensifican las movilizaciones en las calles, y denuncia las medidas neoliberales que han entregado los recursos naturales del país a la oligarquía y las multinacionales.
Dos años de represión y movilizaciones en Honduras
DIAGONAL: ¿Cuál ha sido el papel de las mujeres en estos dos años de resistencia en Honduras?
MIRTA KENNEDY: Las mujeres han tenido un papel protagonista. Cuando la gente se entera del golpe de Estado en Honduras, el 28 de junio de 2009, todo el pueblo hondureño se echa a la calle. Allí, en medio de la depresión, con la policía desplegada, surge Feministas en Resistencia, una plataforma de organizaciones y personas independientes que empezamos a trabajar contra el golpe y nos integramos en el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).
D.: Durante este tiempo no han cejado en la movilización contra los golpistas.
M.K.: El FNRP, formado por movimientos sociales, sindicatos, cooperativas, partidos políticos de izquierda, artistas, pueblos indígenas y negros, sindicatos, centrales campesinas y también feministas, ha participado en todo el proceso de resistencia. Primero, en los 100 días en la calle, donde la gente se manifestó, desde el primer día del golpe y los 99 siguientes en Tegucigalpa, ante el Congreso, la Corte Suprema y después en los barrios. Se recorrieron las barriadas, territorios tomados por grupos de maras y narcos, donde nadie entraba y sin embargo, a nuestra llegada la gente de los barrios se unió para protestar. En esos días aprendimos que la violencia siempre viene de un lado, de la policía, de las fuerzas de seguridad del Estado.
Además, las feministas llevamos a cabo acciones contra la violencia de género y hemos trabajado temas de igualdad dentro del Frente, aunque nuestra prioridad, como la del FNRP, es la vuelta a la democracia, el regreso del presidente electo Manuel Zelaya, que ya está en el país, la restitución del orden constitucional, el respeto a los derechos humanos y una nueva Asamblea Constituyente.
D.: ¿Cómo se ha preparado la vuelta del presidente Manuel Zelaya?
M.K.: La vuelta de Zelaya es una demanda que surge el mismo día del golpe. El presidente elegido por el pueblo fue sacado violentamente del país y enviado al exilio con su gabinete. Él intentó regresar varias veces, primero acompañado por el secretario de la Organización de Estados Americanos, pero en el aeropuerto de Tocontín, con millones de personas en la calle esperándole, las fuerzas de seguridad tomaron el avión y se desató la represión. Pensamos que los militares no iban a atacar, eran tantas las personas que éstas podían haber aplastado a la policía. Pero pusieron francotiradores y asesinaron a un adolescente de 16 años, Isis Obed Murillo, que estaba subido a un mástil. Después Zelaya intentó entrar por la frontera de Nicaragua, también ahí se produjo una movilización histórica, un millón de personas esperaban a Zelaya. Aún no se sabe cuánta gente fue asesinada allí.
En un tercer intento, Zelaya entró de forma clandestina por la frontera de El Salvador y se refugió en la embajada de Brasil. Permaneció en ella varios meses y cientos de personas rodearon todos los días la embajada en apoyo al presidente. Pero la represión fue brutal y la policía roció con gases a los manifestantes e incluso lanzó gases dentro de la embajada. Zelaya tuvo que volver a salir. Ese fue un periodo muy duro para nosotros porque ahí se sintió la derrota, que el golpismo no tenía freno.
Las elecciones de noviembre de 2009 fueron días terribles, se cometieron todo tipo de atropellos, se llevaban a la gente y la golpeaban hasta quebrarle las manos y los pies, como hicieron con dirigentes, diputados, gente de izquierda, etc. A las mujeres las raptaban de las marchas y las golpeaban en los senos y las piernas. Muchas fueron violadas con las porras de la policía y otras sufrieron violaciones múltiples en comisaría.
D.: El presidente Lobo afirma ahora que quiere la reconciliación del país.
M.K.: Las elecciones bajo el golpismo fueron reconocidas por EE UU, Canadá y Japón, y tres gobiernos más. Porfirio Lobo, aunque no era la cara más visible, se mantuvo fiel al golpe. Su Gobierno es de continuidad con el golpismo. Ahora promete un proceso de reconciliación porque la situación económica del país es crítica, no tiene financiación internacional y quiere lavar su imagen.
Preparan una ley de amnistía, los mismos que dieron el golpe se van a perdonar a sí mismos. Lobo también necesita dinero porque ha habido un gasto importante en equipos militares modernos, armas llegadas de EE UU por Perú, para reprimir a la población que sigue tomando la calle. Estos dos años la movilización no ha parado, tampoco la represión.
D.: La oligarquía ha salido reforzada tras la llegada de los militares.
M.K.: Sí. Los primeros días fueron jornadas muy tensas porque el Gobierno golpista aprovechó la crisis y el caos generado por el golpe para aprobar una serie de medidas económicas neoliberales. Entre ellas, la concesión de recursos naturales a empresas trasnacionales y a empresarios hondureños. Ahí arranca el conflicto en El Aguán, la zona nororiental, que había sido un lugar de reforma agraria, con la ley de 2002. Con amenazas, los empresarios han logrado que las tierras sean privatizadas, terrenos que nunca fueron privados. Los campesinos respondieron ocupando esas tierras y el Gobierno ha militarizado la región.
En lo que va de año han sido asesinados 40 campesinos. También se han desatado los conflictos por el agua; quieren construir presas allí donde exista un salto de agua para producir electricidad. Pero lo mismo ocurre con las tierras que cuentan con recursos mineros.Todo esto en zonas pobres o indígenas, se les arrebata la tierra y se privatiza, como en la Bahía de Tela, donde quieren reactivar un proyecto turístico que supondrá la destrucción del entorno.
D.: ¿Cómo ha vivido estos 24 meses de represión?
M.K.: Se vive con angustia, con muchas pérdidas de vidas. Pero al mismo tiempo, la respuesta al golpe ha despertado en Honduras la esperanza de una refundación del país que no se había dado desde 1954. Nuestro país ha tenido en su historia algunos hitos de conquistas sociales importantes: en 1954 la huelga bananera, en los ‘60 el movimiento campesino, otros en los ‘70 y los ‘80 y ahora un gran movimiento social que es muy esperanzador, como el 15M en el Estado español. Yo diría que frente a la muerte, la persecución, la precariedad de la vida, la ocupación de los territorios, todo un escenario de guerra... la gente ha aprendido a construir mecanismos para autoprotegerse, inventaron máscaras contra los gases con botellas de plástico, llevan baldes de agua para poder desactivar rápidamente las bombas. El pueblo hondureño ha respondido con la movilización y encuentra en la organización popular una oportunidad que no había encontrado antes.
Es una respuesta cotidiana, permanente, entusiasta y creativa.
Aun en condiciones de extrema represión, las marchas han generado toda una cultura de la resistencia, incluso una economía de la resistencia. A ellas acuden los vendedores de tortillas, los del CD con música de la resistencia, el heladero que ha instalado retrovisores al carrito y avisa si viene la policía, la abuela, el niño de la resistencia, los vendedores de toallitas con vinagre que dicen: “compra tu toallita que viene la represión [la policía] para que los gases no te hagan mal”.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/El-Gobierno-golpista-aprovecho-el.html
Suscribirse a:
Entradas (Atom)