viernes, 16 de julio de 2010

Trato Justo a la Sociedad Civil en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC ONU)

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http://www.iglhrc.org/cgi-bin/iowa/article/takeaction/resourcecenter/1159.html
La Comisión Internacional de Derechos Humanos para Gays y Lesbianas (IGLHRC por sus siglas en inglés) necesita su apoyo. Hace tres años solicitamos el estatus consultivo para poder llevar a la ONU las voces y problemas que enfrentan personas lesbianas, gays, bisexuales y trans. Finalmente tuvimos la oportunidad de obtener este estatus en la sesión del ECOSOC el pasado mes de Julio.

Pero hay gobiernos que están haciendo todo lo que pueden para impedirlo. Necesitamos tantos Estados Miembro como sea posible para apoyarnos. Usted puede ayudarnos solicitando a su gobierno que vote en nuestro favor y demostrando que su organización nos apoya sumando su nombre a esta carta a los Estados Miembro.

Como lo explica la petición de abajo, el sub-comité que recomienda al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) en mayo pasado impidió nuevamente que nuestra solicitud sea considerada para el ECOSOC. Con el apoyo de algunos Estados Miembro esta medida para detenernos está llamando la atención del ECOSOC y esperamos que podamos avanzar y ser aceptados.

Por favor, agregue el nombre de su organización (abajo) hoy y envíela a sus listas.

Gracias por ayudar a asegurar que las voces de la sociedad civil no sean silenciadas por la discriminación.

Marcelo Ernesto Ferreyra
Coordinador del Programa para América Latina y el Caribe de la
Comisión Internacional de los Derechos Humanos para Gays y Lesbianas - IGLHRC

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Honduras bajo la sombra de un golpe. Habla Lídice Ortega

TeleSUR _ 25/06/2010 "no es posible que no se le exija a Porfirio Lobo que repare a los familiares de las víctimas de asesinatos políticos, que no se haga nada por esclarecer esos crímenes ni a los culpables y que no se estén tomando medidas para evitar que la violencia sea una estrategia de gobierno".

La esencia de los derechos humanos radica en la imposibilidad jurídica de que el Estado pueda entrometerse en la particularidad de cualquier ciudadano.

Bajo este principio, se puede decir que tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, que alteró drásticamente el orden constitucional de Honduras, se presentó en este país una grave situación de derechos humanos y de restricciones a las libertades democráticas, de prensa e individuales, además de dificultades y obstáculos para el acceso a la justicia.

Tras el derrocamiento del entonces presidente constitucional Manuel Zelaya, el gobierno de facto que se instaló en el poder y que estaba presidido por el empresario y antiguo presidente del Congreso, Roberto Micheletti, violó la ley suprema del sistema de un país, la Constitución, que define y regula el ámbito y el ejercicio de las libertades.

La comunidad internacional rechazó la ruptura del orden constitucional en Honduras, la violación de los derechos humanos y la violencia que se generó tras el golpe.

Los hondureños reclamaban su democracia, representada en la figura de Manuel Zelaya, por lo que comenzaron a producirse en la nación centroamericana fuertes disturbios. Los manifestantes eran reprimidos por la policía, e incluso por militares. Heridos y muertos acaparaban los titulares de la prensa internacional, por la violación el sagrado de derecho a manifestarse.

El vocero de la Cruz Roja en Honduras, Jefry Barahona, informó para julio de 2009, el fallecimiento de un menor por un disparo. También, señaló que una mujer de 42 años de edad fue acuchillada por parte de fuerzas policiales. Estos casos son tan sólo dos de las cientos de muertes que se registraron en Honduras durante el régimen de Micheletti.

Barahona indicó para ese entonces, que la Cruz Roja había atendido solamente en ese mes alrededor de 30 personas por golpes, lesiones e intoxicación por gases lacrimógenos.

En las semanas posteriores al 28 de junio de 2009, el Congreso de facto había decretado un estado de sitio, suspendiendo las garantías de los ciudadanos. Hubo movilizaciones en contra de esta decisión, pero al igual que en ocasiones anteriores desembocaron en represiones con muertos y heridos.

Durante el gobierno de facto de Micheletti se registraron en Honduras más de 161 muertos calificados de "extralegales" por el informe que el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos entregó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA).

De estas muertes, 105 se produjeron durante los toques de queda. Los cuerpos de las víctimas se encontraron en las calles. En este grupo también se contabilizan los decesos por persecuciones selectivas y durante las manifestaciones.

Maestros, militantes de movimientos sociales, sindicalistas y campesinos rebeldes son algunas de las tantas víctimas del gobierno de facto de Roberto Micheletti, según el informe del Comité.

Asimismo, las torturas y secuestros contra miembros del Frente de la Resistencia y periodistas complementan el abanico de violaciones que cometieron las autoridades del régimen.

Pero no solamente los asesinatos ocurrieron durante la administración de facto de Micheletti. Lídice Ortega, representante de Feministas en Resistencia, movimiento que hace parte del Frente Nacional de Resistencia Popular Hondureño, señaló en entrevista para el sitio Web de teleSUR, que durante el gobierno de Porfirio Lobo, quien resultó vencedor en unas polémicas elecciones realizadas el 28 de noviembre de 2009, "se han asesinado más de 150 personas, se han cerrado radios alternativas y comunitarias, se sigue utilizando a las fuerzas armadas para desplazar a campesinos y campesinas de sus tierras, se continúa en un clima de violencia y en un ambiente de represión. En Honduras hay movimientos de huelga de hambre".

Agregó que "no es posible que no se le exija a Porfirio Lobo que repare a los familiares de las víctimas de asesinatos políticos, que no se haga nada por esclarecer esos crímenes ni a los culpables y que no se estén tomando medidas para evitar que la violencia sea una estrategia de gobierno".

Ortega destacó que en su país, la situación aún es crítica porque los antiguos líderes políticos siguen siendo perseguidos, pues el gobierno de "reconciliación" de Porfirio Lobo forma parte del gobierno de facto, porque "nació de un golpe de Estado".

Resaltó que el gobierno de Lobo es persecutor de las libertades, y violenta los derechos humanos de aquellos que decidieron emprender una lucha por la Asamblea Constituyente en Honduras, para construir un nuevo país, lleno de paz, justicia y libertad.

"En realidad la represión contra el pueblo hondureño no ha cesado, no ha mermado en ningún punto", desde el 27 de enero hasta la fecha actual "se han asesinado en Honduras 10 periodistas, se han perseguido a los líderes, se ha perseguido la lucha de los movimientos campesinos y han sido asesinados varios dirigentes políticos ambientalistas y campesinos en Honduras", expresó.

Lídice Ortega indicó que desde el 29 de noviembre, cuando se realizaron las elecciones presidenciales en Honduras, el Frente Nacional de Resistencia Popular declaró que no se reconocería el resultado de las elecciones, y que por lo tanto en ningún momento Porfirio Lobo sería el presidente de los hondureños.

En este sentido expresó que el Frente de Resistencia está haciendo todo lo posible para que vuelva el ex presidente de Honduras a ese país, para que la democracia regrese, porque en la actualidad lo que se vive es "una imposición del imperio y de la oligarquía".

Instituciones hondureñas al servicio de golpistas

Pero es que, las denuncias por violaciones a las garantías constitucionales no sólo provenían de los movimientos sociales internos. Veedores internacionales han denunciado que las instituciones hondureñas, creadas para "velar" por los derechos fundamentales de los ciudadanos actúan en complicidad con los golpistas para reprimir al pueblo.

El informe final de la Misión Internacional de Observación sobre la situación de los derechos humanos del 7 de agosto pasado, sostuvo que "algunas instituciones de control de derechos han asumido un papel abiertamente cómplice de las autoridades de facto".

"Hacen caso omiso de sus funciones constitucionales y legales", agrega el informe.

Los expertos en DD.HH. de la misión han explicado que uno de los hallazgos fundamentales con respecto a esta situación fue "la desprotección de numerosos afectados por las graves violaciones perpetradas en su contra".

Evidencias de esa realidad fueron halladas en la falta de recursos de la Fiscalía Especial de DD.HH. y la inoperancia de la Corte Suprema para decidir sobre la legalidad del decreto de suspensión de garantías.

El golpe, evalúan los especialistas internacionales, colocó a varias comunidades de Honduras, "en una situación de mayor precariedad en la tutela de sus derechos".

La Misión de Observación constató igualmente "serias limitaciones a la libertad de expresión y hostigamientos destinados a restringir la circulación de información que critique al régimen de facto".

El canal de televisión 36 y Radio Globo, dos de los pocos medios de comunicación que se han opuesto al gobierno de facto de Honduras, fueron asaltados y sus equipos de transmisión dañados, por lo que tuvieron que salir del aire por pocos días, luego de que el régimen de Micheletti diera el golpe de Estado. El pueblo hondureño repudió estas acciones.

Estos dos medios de comunicación (Radio Globo y el Canal 36) sufrieron en varias oportunidades agresiones por parte del gobierno inconstitucional Micheletti, como la toma de sus instalaciones por contingentes militares.

Pero la llegada de un gobierno de que denomina a sí mismo como legítimo y constitucional, pero que la mayoría de los países de Latinoamérica no reconocen, no ha podido acabar con estos ataques a la prensa. Sólo en lo que va de 2010 ascienden a 10 los periodistas que han muerto tras el golpe de Estado en Honduras.

Según la CIDH "no hay un país en el hemisferio donde la tasa de asesinatos de periodistas sea más alta".

La pasada semana, fue asesinado en Honduras el periodista y director del Canal 19, Luis Arturo Mondragón, el comunicador había denunciado amenazas tras haber criticado a funcionarios locales y a diputados por actos de corrupción.

La Organización de periodistas Iberoamericanos (OPI) sostuvo tras la muerte del comunicador, que denunciará ante el Tribunal Penal Internacional y otros organismos multilaterales al cuestionado gobernante de Honduras, por ignorar los múltiples asesinatos a periodistas

Estos homicidios, hasta la fecha, no han sido investigados, constató la CIDH. Por esta razón, consideró que Lobo, "no ha cumplido con las expectativas en relación a la justicia" en Honduras.

Países como Ecuador, que rechazaron el golpe de Estado han manifestado su preocupación por las denuncias de violación de DD.HH. en Honduras.

Quito consideró que es "gravísimo" mantener en funciones públicas a "algunos de los más importantes gestores el golpe de Estado", precisó recientemente el canciller de esa nación, Ricardo Patiño.

"Nos parece un seña, un mensaje peligroso para el futuro, no sólo que después de dar el golpe de Estado no enjuicien, sino que dan cargos importantes en el Gobierno", señaló Patiño.

Derrocado un presidente constitucional

En la madrugada del 28 de junio, fuerzas militares al mando del teniente coronel René Antonio Herpburn Bueso, allanaron el domicilio del ex presidente Manuel Zelaya, para luego expulsarlo del territorio hondureño, rumbo a Costa Rica.

Casi de inmediato, el empresario hondureño Roberto Micheletti, invocando una supuesta "sucesion constitucional" y en su calidad de presidente del Congreso, se autonombró mandatario "interino" de Honduras. Este gobierno de facto no fue reconocido por ningún país o entidad internacional, que consideraron lo sucedido como un golpe de Estado contra un mandatario elegido constitucionalmente.

Tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la OEA y la Unión Europea (UE) se pronunciaron en contra de este evento, calificándolo como una "ruptura del orden constitucional" y exigieron la restitución inmediata del ex presidente Manuel Zelaya a sus funciones.

Para buscar una solución democrática que permitiría el retorno de Zelaya al poder, se rubricó en octubre de 2009, en el marco de la fracasada mediación del ex mandatario de Costa Rica, Óscar Árias, el pacto de Tegucigalpa - San José.

Este acuerdo fue firmado tanto por el gobierno de facto como por representantes de Zelaya para así alcanzar la solución a la crisis tras el golpe de Estado. El convenio contemplaba el regreso al poder de Manuel Zelaya, la restauración del orden constitucional en Honduras y el apoyo internacional a los polémicos comicios de noviembre de 2009.

Tras la negación de Micheletti de devolverle a Honduras su orden democrático a través del acuerdo antes mencionado, la OEA suspendió a esta nación "hasta que el país restaure el Gobierno democrático".

Venezuela, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y hasta el propio Estados Unidos, anunciaron sanciones económicas para Honduras a causa del golpe de Estado. Asimismo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial anunciaron la suspensión de la ayuda financiera que otorgaban a la República hondureña.

No obstante, en las primeras semanas de junio pasado, la OEA acordó en Lima, Perú, evaluar las condiciones que permitan regresar a Honduras a este organismo.

En este escenario, Lidice Ortega señaló que el pueblo se opone a que Honduras ingrese nuevamente a la OEA. Consideró que "hasta que no se aclare y enjuicie a los culpables del golpe no estaremos de acuerdo con esto".

"Porfirio Lobo quiere regresar a la OEA para que legitimen su mandato", agregó Ortega, tras enfatizar que "no se puede garantizar que la OEA pueda resolver los problemas de Honduras, ingresar al organismo sería ignorar la historia de los golpistas" de la nación centroamericana.

En la actualidad, sólo los gobiernos de tendencia conservadora como Colombia, Costa Rica y Perú reconocieron al gobierno de Lobo. El resto de las naciones latinoamericanas han asegurado qu no aceptarán a esta nueva administración hasta que no se restablezca el orden constitucional.

¿Se repite la historia?

El pasado 10 de junio, el presidente sucesor del régimen de facto, Porfirio Lobo, denunció que supuestamente, algunos sectores de Honduras tratan de derrocarlo.

Lobo llamó a la Fiscalía General del Estado a iniciar una investigación sobre este supuesto intento de derrocamiento. "La Fiscalía no tiene que esperar que el presidente hable, ya hace días se hubiese movilizado", expresó.

Lobo dice tener información de que pretenden sacarlo del poder. Expresó no sentir preocupación por este hecho porque tiene "ubicados a todos", aunque hasta los momentos no ha identificado a los presuntos "golpistas".

"Al que quieren fregar dicen que es al Presidente de la República", dijo tras los rumores que circulan en la nación de un presunto interés por parte del Parlamento hondureño en quitar al titular de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera.

Enfatizó que "cuando hago algo que es incorrecto yo rectifico, en este caso lo que lo que yo dije, lo dije porque es cierto, y no es con el ánimo de generar ningún debate, ninguna discusión, es para decirle a aquellos que andan en esas reuniones que mejor eviten eso, no queremos problemas con nadie".

Sobre la denuncia de Porfirio Lobo, la fiscal hondureña de Derechos Humanos, Sandra Ponce, indicó que es algo "preocupante" para todos los hondureños por la "historia reciente" del país, en alusión al golpe de Estado del 28 de junio de 2009.

En opinión de Ponce, denuncias sobre "una nueva intentona de romper con el sistema democrático no abona al proceso de reconciliación", sino que hace que continúen "las tensiones en el país", surgidas tras el derrocamiento de Zelaya.

"Es algo que debe ser indagado a profundidad, ya que todos estamos de acuerdo en que los hechos ocurridos el 28 de junio (de 2009) no pueden, bajo ninguna circunstancia, volver a repetirse, y por lo tanto, es algo que debe ser investigado", enfatizó Ponce.

Las violaciones a los DD.HH., la muerte de cientos de personas, entre ellos periodistas, las torturas, abusos sexuales y secuestros son hechos que sin embargo y hasta la fecha no han sido investigados por ningún organismo público de Honduras.

Por otro lado, Lobo manifestó su preocupación por las "posiciones intransigentes" de algunos sectores del país que "afectan la imagen internacional" de Honduras.

Aseguró que su gobierno "está apostando a la reconciliación" de los hondureños. "La reconciliación es el compromiso que tenemos nosotros, entonces cualquier grupo que mantenga puntos de vista distintos no le hacen un bien a Honduras, no importa si están a la derecha o la izquierda", expresó.

Agregó que "todo aquello que tienda a elevar los niveles de confrontación afecta mucho a Honduras, hay que contribuir a la reconciliación de la familia hondureña".

La situación que vive Honduras desde el pasado 28 de junio aún no ha podido resolverse. Las élites económicas de la nación centroamericana, junto con el Ejército hondureño han actuado en contra de la población.

Tanto el gobierno de facto de Roberto Micheletti como la administración de Porfirio Lobo le han negado al pueblo de Honduras el disfrute de sus derechos sociales, económicos y culturales.

Ambas administraciones sólo se han dedicado a criminalizar, perseguir y hasta probablemente ejecutar a todos aquellos que simplemente reclaman sus derechos.

El pueblo de Honduras está bajo un Estado "violador" de los derechos humanos, tal como lo señaló la representante del Frente de la Resistencia, Lidice Ortega.

Presentación de libro Pan y Rosas

Presentadoras:
Francesca Gargallo,
Sandra Romero,
Alejandra Sepúlveda
Jimena Mendoza.

Centro Cultural Casa de Ondas, Calle Manuel Carpio 117 (Esq.Torres Bodet).
Jueves 15 de Julio a las 17.30 hs.
Invitan:
Agrupación de mujeres Pan y Rosas
Ediciones Armas de la Crítica.

lunes, 12 de julio de 2010

Una Dictadura militar global de los Estados Unidos de América?

Breny Mendoza

Los centroamericanos se despertaron con la noticia recientemente de la inminente llegada de 7000 (algunos hablan de 13,000) efectivos del ejército de EEUU, 46 buques de guerra, 200 helicópteros Blackhawk, 10 aviones de combate a la zona libre de militares, Costa Rica, para luchar contra el narcotráfico dirigido hacia los Estados Unidos. La llegada de ese gran contingente de tropas norteamericanas y juguetes de guerra que no sólo no guardan relación con el tamaño de la población ni con la magnitud del problema del narcotráfico, sucede bajo el mando de la primera presidenta mujer en Costa Rica, Laura Chinchilla. También ocurre bajo la presidencia del primer mandatario afro-americano y de la tercera Secretaria de Estado mujer consecutiva de los Estados Unidos de América, Hillary Clinton. Recordemos que Hillary Clinton fue precedida por Condolezza Rice en 2005-2009 y Madeleine Albright en 1997-2001. ¿Es esto por lo que las feministas y los gentes de color han luchado todos estos años? Ciertamente, un momento para reflexionar sobre la ética en los movimientos progresistas y de recordarse que es lo que realmente se quiere.



Pero regresemos a la rutina cotidiana. La violación de la zona de “paz” que se supone es Costa Rica responde sencillamente a los planes de extensión de la guerra contra el terrorismo a nivel global del Pentágono. No se engañen a si mismos, la guerra contra el terrorismo sigue vigente bajo la administración de Obama y el Pentágono es el que manda. Sólo échenle un vistazo a los hechos: bajo la administración de Obama el único presupuesto que crece es el militar, ha alcanzado niveles estratoésfericos aún en relación a los de Bush junior. El Washington Post reportaba en 4 junio 2010, que el presupuesto de las Fuerzas de Operaciones Especiales habían crecido en número y en su presupuesto, ahora haciendo crecer sus figuras y comandos exponencialmente en 75 países en contraste con los 60 bajo Bush. ¿Y saben quién comanda estas operaciones especiales? Dave Petraeus. Las Fuerzas de Operaciones Especiales trabajan también en zonas de no conflicto o de guerras y tienen el objetivo y el permiso de atacar cuando se haya identificado un plan de ataque o cuando un ataque haya sido identificado y ligado a un grupo específico. La población puede ser blanco de estos ataques e increíblemente cuentan con el permiso de los líderes de los países en donde operan. El Washington Post no publica la lista de los países en donde operan estas fuerzas especiales y no menciona a ninguno de América Latina, pero sospechamos que Centroamérica no fue excluido. El golpe de estado de Honduras puede ser parte del asunto. Ahora se nos dice que el golpe de estado fue coordinado por Jacqueline Foglia Sandoval, una militar hondureña educada en EEUU y subcontratista de la USAID. Ella supuestamente estaba en contacto directo con el Embajador de EEUU en Honduras, Hugo Llorens. El hombre que trajo la noticia fue asesinado. Era un ministro del presidente depuesto, Manuel Zelaya Rosales. Desde el golpe de estado, Estados Unidos ha abierto una base militar en Gracias a Dios, una región selvática infestada con el narcotráfico y el ministro de relaciones exteriores, Mario Canahuati ha anunciado otra en Guanaja, una isla bella de las Islas de la Bahía. El turismo en el Caribe, ami@s se les acaba. Pero, no olviden que la tragedia de este mundo que se muere por la lógica pervertida del complejo militar industrial de los Estados Unidos no sólo victimiza a los pueblos del tercer mundo, también victimiza a su propio pueblo que ahora sufre un desempleo de casi el 20% y es gobernado por un ejecutivo y un congreso que han olvidado que su primera obligación es con su pueblo y no con los dictados del Pentágono. ¿Dónde están los presupuestos para asistir a los desempleados y para construir la infraestructura económica y social en casa? En ningún lado. Pero así funcionan las cosas bajo una dictadura militar. Los hondureños y hondureñas lo saben.

Posicionamiento Feministas en Resistencia

Compañeras y compañeros organizados en el Frente Nacional de Resistencia Popular.

En ocasión de la elección de la estructura de dirección provisional del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), hacemos de su conocimiento el posicionamiento de Feministas en Resistencia (FER):

1. Nosotras como una de las diversas expresiones organizativas del movimiento social y popular que conforman el FNRP, las cuales hemos surgido de la rebeldía de los ciudadanos y ciudadanas de este país, frente al rompimiento del orden constitucional, por la fuerza de las armas al servicio del capitalismo monopólico internacional y nacional, el 28 de junio del año 2009.

2. Justamente nuestra diversidad de expresiones nos confronta con diferentes formas de opresión, por razones de clase, raza, etnicidad, sexualidad, género, tenencia de la tierra y daños al ambiente, entre otros. El FNRP no puede desconocer esta situación, al momento de conformar sus estructuras orgánicas, porque de lo contrario se estaría sobrevalorando a unos movimientos y grupos organizados con participación y representación mayoritariamente masculina, sobre otros en que participamos las mujeres organizadas bajo una filosofía diferente como es el feminismo.

3. Las FER no somos, ni nos interesa ser, las representantes de todas las mujeres, la historia ha demostrado que quienes han impulsado los derechos humanos basados en principios de igualdad libertad y autonomía ha sido una minoría significante.

4. Las FER somos una plataforma con una propuesta política ideológica legítima, con capacidad de movilización, membrecía a nivel nacional, y con respaldo y apoyo solidario internacional. Somos reconocidas a nivel nacional e internacional, y estamos ocupando el espacio que nos corresponde en el Frente por nuestros propios méritos.

5. Hemos estado a la par de las miles de mujeres en resistencia, quienes con valentía y coraje han participando junto a los hombres en todo este proceso de lucha, desde sus respectivos sectores y expresiones organizativas y políticas de la amplia diversidad que integra el FNRP. Lo que amerita que en todos los organismos de dirección del Frente, participen las mujeres en resistencia de una forma paritaria junto a los hombres, de esta manera se estaría poniendo en práctica el ejercicio de una ciudadanía plena, a la que aspiramos todas las mujeres, es decir, participar en la toma de decisiones.

6. Precisamente por eso luchamos, para tomar el lugar en la historia, que nos corresponde, y que nos lo hemos ganado, teniendo en cuenta los siglos de opresión, machismo, subordinación, exclusión social, confinamiento doméstico y la condición pre cívica, a la que hemos estado relegadas.

7. Si de verdad la actual dirección del FNRP quiere refundar el país, debe empezar por cambiar lo más primario y elemental de las relaciones de poder y opresión: la supremacía, hegemonía, y totalitarismo masculino en los lugares de toma de decisiones, y aceptar un juego democrático de participación paritaria de hombres y mujeres en la dirección del propio frente, y en las diferentes expresiones organizativas que lo conforman.

8. En FER no nos aglutinamos simplemente por ser mujeres, sino por politizar la opresión de género levantando nuestras propuestas políticas feministas, con las cuales aspiramos a cambiar el mundo, a transformar las opresivas relaciones patriarcales y de clases, el racismo y las relaciones de producción y reproducción de la vida cotidiana, porque nos proponemos cambiar este sistema heteropatriarcal, capitalista, neoliberal y neocolonial, injusto, guerrerista, racista y genocida, convencidas de que otra Honduras es posible.

9. En este sentido, consideramos que nuestras actuaciones dentro del FNRP, deben estar totalmente divorciadas de viejas prácticas excluyentes, amañadas y oportunistas, propias de los partidos oligarcas que lamentablemente han permeado algunas de las organizaciones sociales y políticas que integran el Frente, lo que nos obliga a estar vigilantes permanentemente y en particular, en este momento en que se están realizando procesos de elección de nuestras estructuras de conducción nacional, en las cuales esperamos exista la paridad entre hombres y mujeres y la puesta en vigencia de los principios de igualdad, libertad y autonomía, entendida esta como la posibilidad de tomar decisiones colectivas e individuales internas sin injerencia, ni presiones externas de ninguna naturaleza.

10. Respetamos y entendemos la posición del COPINH y manifestamos nuestro reconocimiento por la lucha permanente y solidaria por la defensa de los pueblos indígenas y de su participación combativa en el FNRP, hemos leído su posicionamiento y lo consideramos como un aldabonazo para que los errores que se han cometido se corrijan si es que efectivamente estamos comprometidos y comprometidas con la Refundación de Honduras, mediante el establecimiento de la constituyente y una nueva Constitución de la República.


Tocoa, Colón. 10 de julio, 2010


NI GOLPE DE ESTADO NI GOLPES A LAS MUJERES. TAMPOCO GOLPES POLITICOS