Después del golpe de Estado del 28 de Junio, la violación a los derechos humanos ha sido una constante adquiriendo expresión en violaciones a la libre movilización, libertad de reunión, libertad de expresión, derecho a la vida, respeto de la integridad física y mental, derecho a no ser detenido sin orden judicial o sin causa precedente, derecho a la vivienda, derecho a la inviolabilidad del domicilio, derecho a gozar del más alto nivel de salud posible y otros.
La agresividad y represión en contra de las y los opositores al golpe de Estado había bajado de intensidad desde mediados del mes de agosto, con episodios de represión selectiva en ciertos puntos del país – el más fuerte en Choluteca donde se consintió la agresión de particulares en contra de las y los manifestantes y se capturaron simpatizantes y líderes locales de la resistencia en contra del golpe de Estado. Sin embargo, esta agresividad y violación continuada de los derechos humanos se exacerbó a partir del 21 de Septiembre.
El día 21 de septiembre se obtuvo la noticia sorpresiva de la llegada del presidente José Manuel Zelaya, quien se alojo en la sede de la embajada de Brasil ubicada en la colonia Palmira de Tegucigalpa, hacia donde se movilizaron las y los afiliados al Frente Nacional de Resistencia contra el golpe de Estado, sus simpatizantes y otras personas con interés de corroborar la presencia del mandatario en el país, organizándose un plantón frente a las instalaciones de la referida embajada Brasileña.
Alrededor de las 3:30 p.m. el gobierno de facto en Cadena Nacional comunicó el establecimiento de un toque de queda a nivel nacional a partir de las 4:00 dándole a la población menos de una hora para poder regresar a sus casas con la consiguiente agresión sicológica y provocación de pánico y tensión innecesaria a la población, atentatoria contra el derecho al disfrute del más alto nivel de salud, física, síquica y mental , provocando sicosis ante el retorno acelerado y reforzado de la presencia militar y policial que ha sido actor clave en la represión después del golpe de estado.
A pesar de lo anterior, las y los manifestantes – según declaraciones divulgadas en medios de comunicación afines - consideraron oportuno permanecer en la zona de la embajada del Brasil con el objeto de brindar algún nivel de acompañamiento y protección al Presidente Zelaya y su familia ante la amenaza de allanamiento a la Sede diplomática en horas de la noche por parte de la policía y el ejército, quienes desde las tres de la tarde venían estableciendo un cerco militar y policial, tratando de subsanar la sorpresa de saber de su presencia en el país.
La Represión
Alrededor de las cinco de la mañana (5:00 a.m.) del día 22 de setiembre dio inicio la represión de las y los manifestantes mediante el lanzamiento de gases lacrimógenos, la persecución y agresión principalmente con bastones de madera sólida, macanas o toletes, lanzamiento de agua combinada con productos químicos que causan irritación cutánea y como nuevo mecanismo de dispersión el denominado cañón sónico o screamer, el cual emite potentes frecuencias a alto volumen con el efecto de ensordecer con dolor y crear confusión, puede incluso causar convulsiones, nauseas y terribles dolores de cabeza . La represión - como en otras ocasiones reportadas, no se limitó a provocar la dispersión de las y los manifestantes – sino que se dirigió a perseguirles por las distintas calles aledañas y zonas de la ciudad para tomar el control absoluto de la zona. La persecución se extendió por varios kilómetros y tenía una clara intención de causar daños a la integridad física de las y los manifestantes. Ante esta situación la población se reagrupaba en distintos puntos donde eran perseguidos por los cuerpos de seguridad.
En horas de la tarde de ese día y ante la declaración de toque de queda permanente, comunicado – no se tienen evidencias de la existencia de los decretos respectivos - por el gobierno de facto las personas contrarias al golpe de Estado, se organizaron y manifestaron en los barrios y colonias de la ciudad de Tegucigalpa hasta donde llegaron las fuerzas policiales en unos casos y las fuerzas militares en otros y combinadas en el resto, se dedicaron a reprimir a las y los manifestantes mediante el uso indiscriminado de bombas lacrimógenas, agresiones físicas y el uso más continuo de armas de fuego dando como resultado un gran número de personas heridas tanto por proyectiles disparados por armas de fuego como por golpes contusos, de acuerdo con información recopilada por el equipo de la organización las víctimas provenían de barrios y colonias ubicadas en los 4 puntos cardinales de la ciudad.
En el marco de estas represiones, el uso excesivo de la fuerza ha sido la norma, en donde se han documentado casos de tortura como el apagado de cigarrillos en la piel de personas detenidas, la colocación de las manos sobre piedras o muros previo a golpearles en sus dedos y profiriendo frases como “así no vas a poder agarrar una piedra más perro…”, amenazas como “hay que hacer perdidizos a estos perros”. Socorristas de la Cruz Roja consultados en el Hospital Escuela, señalaban que en una sola ambulancia se habían trasladado más de 15 personas heridas en el transcurso del día y de acuerdo con observación directa del personal de la institución se estima que el número de hombres y mujeres heridos y lesionados supera el centenar. Se pudo constatar la muerte de al menos una persona en circunstancias vinculadas a la represión, aún cuando existen denuncias de al menos doce personas fallecidas.
Éste mismo día, se reprimió en forma igualmente agresiva a las y los manifestantes que realizaban acciones de resistencia frente al golpe de estado, en la ciudad de San Pedro Sula.
Particular mención merece la agresión a la sede del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras COFADEH donde lanzaron dos bombas lacrimógenas contra el personal y personas que se habían refugiado en dicha organización de derechos humanos.
El día 23 de Septiembre, la represión continuó en la ciudad de Tegucigalpa donde se atacó a la población que continuaba manifestándose en sus barrios y colonias, a estos actos represivos focalizados, se suma la que se realizo en contra de las y los manifestantes desde la colonia Palmira de esta ciudad y continuó en el parque central y sus alrededores, donde una cantidad estimada de más de 800 militares y policías que se conducían en vehículos policiales, camiones militares y particulares perseguían y golpeaban a las y los manifestantes. En este acto incluso amenazaron a miembros del equipo de defensores de derechos humanos del CIPRODEH con lanzarles una bomba al interior del vehículo – plenamente identificado con el logo de la organización – en el que se encontraban observando el operativo militar – policial.
A eso de las tres de la tarde el mismo equipo de la organización fue testigo de la agresión llevada a cabo por parte de agentes policiales que se conducían en la patrulla MI-07, quienes detuvieron un vehículo con placas Misión Internacional perteneciente a la UNESCO, cuyos ocupantes fueron obligados a bajar del mismo y posteriormente golpeados salvajemente por los policías quienes posteriormente continuaron su ruta, en un acto que muestra claramente que no pretendían detener a nadie sino simplemente hacer una demostración de su fuerza e impunidad.
En horas de la noche, se escuchan en colonias aledañas a la residencia de integrantes del equipo de CIPRODEH y en reportes por medios de comunicación disparos y otros actos de represión en distintos puntos de la ciudad.
Dos puntos resaltan en estas acciones represivas en contra de las y los manifestantes, el primero se refiere a la liberalidad en el uso de armas de fuego por parte de militares y policías, que se ve reforzada por expresiones manifestadas por un vocero policial, quien en cadena de radio y televisión declaró que la policía estaba autorizada para utilizar la fuerza para asegurar el control, declaración que adquiere expresión en la sensación de impunidad con la que actúan; el segundo punto se refiere al ingreso por la fuerza que están realizando – sin que se cumplan las precondiciones legales para un allanamiento sin orden judicial – que realizan policías y militares en barrios y colonias con el objeto de capturar a personas identificadas como integrantes de la resistencia en contra del golpe de estado.
Finalmente, particular mención y preocupación como organismo de defensa de los derechos humanos, lo constituye la utilización abierta en principio de sitios no autorizados como centros de detención, tal es el caso del estadio de baseball “Chochi Sosa” en la denominada “Villa Olímpica” ubicada al sureste de la ciudad, dejada de utilizar como tal; la preocupación se funda en una suma de evidencias y denuncias de detención de personas en distintos puntos de la ciudad pero que no aparecen ni reportadas ni detenidas en las estaciones policiales que cuentan con sitios habilitados y reconocidos para la detención, lo que hace sospechar de la utilización de otros lugares como centros de detención, lo que potencialmente pone en riesgo la integridad y la vida de las personas detenidas y en completa ilegalidad la detención misma.
Se han recibido denuncias de la utilización de la sede del Escuadrón Policial COBRAS como centro de detención, en una clara intención de burlar la acción de las organizaciones de defensa de los derechos humanos y abogados organizados contra el golpe de Estado para brindar protección de las y los detenidos.
El caso particular del presidente José Manuel Zelaya, de su familia, sus simpatizantes y de las y los integrantes de la representación diplomática del Brasil, merece particular atención por la denunciada amenaza de invasión a esa extensión del territorio brasileño para la captura o muerte del señor Zelaya, sin embargo desde la perspectiva de los derechos humanos se considera que contra ellas y ellos han existido agresiones que configuran la violación de derechos como Salud – por el lanzamiento indiscriminado de gas lacrimógeno en las inmediaciones y aparentemente el interior de la sede diplomática, a lo cual se suma la suspensión del servicio de agua potable, suplido mediante cisterna posteriormente, la negativa temporal al ingreso de alimentos, la utilización de aparatos electrónicos y otros; la amenaza de utilización de la fuerza que mantiene en una situación de intranquilidad a quienes ocupan la embajada. Asimismo, se estima que se ha violentado el derecho a la inviolabilidad del domicilio de vecinos y vecinas a la embajada del Brasil, en tanto han sido desalojados de sus viviendas, siendo ocupadas por las fuerzas militares y policiales.
Manipulación mediática e intolerancia a la libertad de prensa
Uno de los actores principales que han contribuido a agudizar y distorsionar la realidad de este conflicto han sido los medios de comunicación, principalmente los que han apoyado al gobierno de facto en su campaña de odio y represión.
En la mayoría de notas presentadas en los medios escritos, radiales, televisivos y electrónicos encontramos una clara parcialidad en la narración de la noticia, un llamado a la intolerancia a la libertad de pensamiento y justificación a las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de facto.
Entretanto, medios como Canal 36 y Radio globo, los cuales han transmitido las actividades del Frente de Resistencia contra el golpe de Estado desde sus inicios, han sido nuevamente intervenidos, con interrupciones a sus señales y frecuencia.
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